MADRID, 30 de octubre. En un contexto de creciente tensión y preocupación humanitaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha hecho un llamado urgente al gobierno israelí para que permita sus visitas a los palestinos detenidos en el país. Esto se produce tras la reciente aprobación por parte de las autoridades israelíes de una normativa que prohíbe dichas actividades, bajo el pretexto de la "seguridad nacional," sin que hasta ahora se hayan proporcionado detalles claros respecto a las implicaciones de esta medida.

"Hemos solicitado, de manera reiterativa y pública, el acceso para visitar a los palestinos que se encuentran bajo custodia israelí," declaró un portavoz del CICR en declaraciones a Europa Press, enfatizando que el objetivo de estas visitas no es otro que el asistencial y humanitario. Se pretende evaluar las condiciones de detención y el trato recibido por los encarcelados, así como trabajar en conjunto con las autoridades pertinentes para asegurar que estas condiciones cumplan con las normativas internacionales.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, defendió la decisión tomada el miércoles, afirmando que los comentarios recibidos por su oficina evidencian que las visitas de representantes del CICR generarían un grave riesgo para la seguridad del Estado. Con esta afirmación, se formalizó una orden que bloqueará la entrada del CICR a miles de prisioneros cuya identidad permanece oculta en una lista "confidencial".

Este nuevo desarrollo ha suscitado una respuesta enérgica por parte de Hamás, que ha calificado la medida como "una violación de un derecho fundamental" para los palestinos en situación de detención. El movimiento islámico también ha denunciado que esta prohibición es parte de un patrón más amplio de abusos sistemáticos, que incluyen actos de violencia, torturas, negligencia médica y la falta de información adecuada sobre la situación de los prisioneros.

Hamás ha instado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias a que actúen con urgencia para frenar lo que considera una serie de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y del Tercer Convenio de Ginebra, que estipula normas esenciales para el tratamiento de los prisioneros de guerra. Las voces de alarma se multiplican en torno a la situación de los derechos humanos en este contexto tan delicado.