MADRID, 12 de octubre.

El juez Santiago Pedraz, perteneciente a la Audiencia Nacional, tiene programados para la próxima semana nuevos interrogatorios a empresarios vinculados a una investigación sobre un presunto fraude en el sector de hidrocarburos. Este caso involucra también al empresario Víctor de Aldama, que se relaciona con el denominado 'caso Koldo'.

El próximo martes, Pedraz tomará declaración a Valentín López, quien es el administrador de las empresas Integrales del Combustible SL y Madrid Diesel SL, y a Josefa Hermitas, responsable de Madialnort Servicios y Logística SL. Aunque Hermitas no está formalmente acusada, su empresa sí enfrenta cargos en esta causa.

De manera similar, Daniel Bouzas, que lidera Movimientos Internacionales Petrolíferos SL, Integrales del Combustible SL, Transacciones del Petróleo Sur SL y Soluciones Integrales Europeas SL, también se encuentra en la misma situación de ser interrogado.

Este ciclo de audiencias a empresarios está previsto que se extienda a lo largo de octubre y culminará el jueves con la declaración de Laura Martín, administradora de Castillo de Córdoba SA. Al igual que los demás, su nombre no aparece como querellada, aunque su empresa sí está implicada.

Asimismo, el mismo día también comparecerán José Semprún, que gestiona Comercial Lombnard Beach SL; Santos Martínez, administrador de Novogar 2005, SL; y David González, quien lidera Combustibles Caramañola SL. Todos ellos enfrentan cargos por las actividades de sus respectivas compañías.

Previo al verano, el juez decidió extender la investigación al menos hasta finales de año, ya que aún se está revisando una considerable cantidad de documentación relacionada con un fraude que, de acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podría ascender a unos 231,7 millones de euros, ocurridos entre 2021 y 2024.

En uno de los informes de la UCO, se explica el esquema operativo de este fraude. Se inicia cuando una organización criminal logra apoderarse de una operadora mayorista de productos petrolíferos. Esta operadora, al adquirir combustible en depósitos fiscales, solo paga los impuestos especiales, omitiendo el IVA.

Conforme a la ley, esa operadora debería ingresar el IVA a la Hacienda Pública solamente después de haberlo cobrado a las gasolineras. La trampa radica en que dejan de ingresar el IVA que deberían repercutir a las gasolineras, ya que estas son las minoristas. Dado que la operadora no soporta prácticamente IVA, lo que debería abonar es casi la totalidad de lo repercutido, pero el dinero nunca llega a la Hacienda Pública.

Aunque este es el procedimiento básico del fraude, la UCO señala que las organizaciones criminales han adaptado sus estrategias y estructuras debido a la presión judicial y policial, implementando nuevas compañías en sus esquemas operativos.

Esto tiene como fin “perfeccionar el velo que cubre a quienes realmente controlan la organización criminal” y “proteger a las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, puesto que obtener la licencia de operador es un proceso complejo, según indican los investigadores.