En declaraciones recientes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, manifestó su opinión de que la discusión sobre el aborto en España es una cuestión ya resuelta. Aseguró que algunos sectores intentan reavivar este debate para desviar la atención de sus propias responsabilidades y escándalos.

El consejero rechazó cualquier implicación del Gobierno regional en las afirmaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se comprometió a asegurar que todas las mujeres tengan acceso a un aborto seguro y con una atención integral si llegase al poder. Según García Martín, la postura del PP sobre este tema no debería ser objeto de divergencias internas, especialmente en relación con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García Martín subrayó que en Madrid el aborto está garantizado y aseveró que la creación de un registro de objetores es innecesaria, ya que solo recopilaría información de profesionales que se niegan a realizar este procedimiento. Consideró que tal registro no aportaría valor alguno a las mujeres en esta situación y que correspondería a la Consejería de Sanidad decidir su utilidad.

El consejero también hizo una conexión entre el debate del aborto y la actual situación en la Franja de Gaza, argumentando que la izquierda española carece de argumentos sólidos y recurre a este tema, que no está en discusión, para desviar la atención de otros problemas más acuciantes.

En otro orden de ideas, García Martín comentó sobre la posibilidad de acciones legales por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra Ayuso, afirmando que su objetivo parece ser el de proteger al presidente Pedro Sánchez en lugar de abordar la situación del aborto en Madrid de manera efectiva.

El consejero concluyó expresando su percepción de una contradicción entre las acciones de las ministras de Trabajo y Sanidad, dado que las competencias en materia de aborto del Gobierno central se limitan a Ceuta y Melilla, áreas donde no se han realizado abortos en el sistema de salud pública. Cuestionó la efectividad de la agenda de la ministra Díaz y su relación con la realidad sanitaria.

Por último, García Martín reiteró su convicción de que el tema del aborto debería considerarse superado, incidiendo en que quienes lo reviven lo hacen por motivos políticos y para ocultar escándalos relacionados con la corrupción que afligen al actual Gobierno.