La jueza exige a la Generalitat Valenciana que explique el procedimiento utilizado el 29 de octubre para desplegar agentes de medición de caudales.

La magistrada encargada del caso sobre la gestión de la dana en la región ha decidido solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente la grabación de una llamada en la que una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) informó sobre la demanda de agentes medioambientales para medir los niveles en Paiporta, justo antes de que se desatara la emergencia.
Esta solicitud surge en el marco de la investigación que lleva a cabo la jueza de Catarroja, quien el pasado miércoles emitió una providencia tras la declaración de la técnica como testigo. En su testimonio, la funcionaria reveló que el 28 de octubre, un día antes de la devastadora riada, la Conselleria había denegado el acceso a agentes medioambientales que podrían haber contribuido en la vigilancia de barrancos, a pesar de la previsión de mal tiempo.
Según la técnica del CCE, se había solicitado por precaución la presencia de estos agentes, aunque la solicitud no fue tramitada formalmente y fue rechazada. Ante la negativa, el día de la dana se tuvo que recurrir a los bomberos forestales para evaluar la situación.
La testigo destacó que se elaboraron tres informes relacionados con la emergencia, y que en el tercero se activó a los bomberos para que midieran el estado de los barrancos. Sin embargo, lamentó que no se documentara adecuadamente cuál sería la brigada asignada, resultando en una falta de claridad en la gestión de la emergencia.
Además, mencionó que realizó una llamada al Consorcio sobre las 12.45 o 13.15 horas, solicitando la medición en Paiporta, y recibió una respuesta vaga. Durante su turno de trabajo, no hubo más comunicación con los bomberos para hacer un seguimiento sobre el barranco del Poyo, y dejó entrever que solo si recibían una orden de retirada dejarían de operar.
En esta nueva diligencia, la magistrada ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que facilite la grabación de la conversación con la técnica del CCE, la cual fue registrada en la plataforma integrada de gestión de emergencias. Además, se ha ordenado a la Conselleria de Medio Ambiente que confirme, en un plazo de tres días, cómo se llevó a cabo la comunicación respecto a la oferta de agentes para el seguimiento de caudales.
Por otro lado, la letrada de la Administración de Justicia ha establecido fechas para que cuatro testigos, incluido el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, declaren en el proceso. La magistrada ha convocado también a otros tres empleados de Emergencias que estuvieron presentes en momentos críticos durante la dana, para esclarecer la situación y la respuesta institucional ante la crisis.
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