El día 8 de octubre en Madrid, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido desestimar la solicitud del exjuez Baltasar Garzón, quien pedía la anulación de los acuerdos que llevaron a su expulsión de la carrera judicial en 2012. La razón detrás de esta inadmisión se basa en lo que el CGPJ considera una falta evidente de fundamentos en la petición, la cual se origina tras su inhabilitación por haber autorizado la interceptación de los teléfonos de los abogados de los principales involucrados en el caso Gürtel.

El Pleno del CGPJ ha argumentado que mientras la sentencia del Tribunal Supremo que dictó la inhabilitación no sea revocada o anulada de algún modo, se mantendrá la validez de la misma, y su cumplimiento sigue siendo obligatorio. De esta forma, la resolución de 2012 que declaró la pérdida del cargo de Garzón permanece efectiva.

Garzón fundamentó su petición en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitido el 13 de julio de 2021, en el cual se establece que la condena del Supremo vulneró sus derechos fundamentales como exmagistrado.

Así, la decisión de mantener vigente el acuerdo que revocó su condición de miembro de la judicatura sigue en pie, reforzada por el respaldo del CGPJ en sus reuniones plenarias de principios de 2012, que ratificaron la expulsión de Garzón en conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo.

La condena que le fue impuesta por el alto tribunal no solo incluyó la inhabilitación especial para ejercer como juez durante once años, sino también la pérdida definitiva de su cargo, debido a las acusaciones de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones.

Sin embargo, en una nota relevante, se destaca que en agosto pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó la iniciativa de solicitar al tribunal que actuara para que el Ministerio de la Presidencia y Justicia llevara a cabo una "reparación integral" del exjuez Garzón. El fiscal Manuel Campoy presentó esta solicitud argumentando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al condenarlo a una inhabilitación de 11 años por un delito que considera cuestionable.

Además, el fiscal solicitó en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que se condenara a la Administración Pública a eliminar los antecedentes penales de Garzón y a implementar medidas diseñadas para prevenir la repetición de violaciones de derechos en el futuro.