Descuentos para familias monoparentales, iniciativas culturales en cárceles, proyecciones de cine en áreas rurales y reconocimiento europeo del Caló son algunas de las propuestas destacadas en el nuevo plan.

En un acto celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía, el Ministerio de Cultura desveló el Plan de Derechos Culturales, que incluye 146 iniciativas, de las cuales 100 se implementarán antes de 2027 y las restantes hasta 2030. Este ambicioso proyecto ha recibido el apoyo de seis comunidades autónomas: Canarias, Murcia, Aragón, Cataluña, País Vasco y Asturias, y cuenta con un presupuesto inicial que supera los 79 millones de euros, con 46 millones destinados a nueva inversión.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, subrayaron la importancia de este plan como una manera de "cerrar la brecha existente y avanzar en la democratización de la cultura". Urtasun enfatizó que estas medidas buscan garantizar que la cultura se reconozca como un derecho fundamental de todos los ciudadanos.

Para Urtasun, el Plan de Derechos Culturales es una apuesta por actualizar las políticas públicas y situar a España en el contexto de una agenda global que valora la cultura como un derecho humano esencial. El ministro también advirtió sobre la necesidad de contar con una visión a largo plazo para el futuro de las políticas culturales en el país.

Beirak, al detallar el contenido del plan, lo catalogó como un "proyecto de Estado" que implica un compromiso de España con los Derechos Culturales, respaldado por acuerdos internacionales. Reconoció que el lanzamiento de esta iniciativa ha llegado un poco tarde, pero subrayó la necesidad de continuarlo.

La directora general destacó que algunas de las medidas tendrán efectos inmediatos, mientras que otras están orientadas a largo plazo, con el objetivo de establecer un sistema estatal de derechos culturales. El plan se articula en cinco prioridades estratégicas: asegurar la democracia cultural; abordar retos contemporáneos desde el ámbito cultural; fortalecer el tejido profesional; consolidar el marco de derechos culturales; y adaptar la administración pública a un enfoque basado en derechos.

Más de 300 expertos en derechos culturales, junto con diversas entidades del sector cultural y asociaciones profesionales, participaron en el desarrollo de este plan a través de 13 grupos de trabajo, buscando así una metodología inclusiva y participativa.

El primer eje del plan, que se centra en la garantía de la democracia cultural, se ocupa de las desigualdades en el acceso a los derechos culturales. Entre las medidas propuestas se encuentra la ampliación de descuentos en los recursos del ministerio para grupos vulnerables, incluyendo familias monoparentales y personas con discapacidad, así como un Programa de Intervención Cultural en Prisiones.

Como parte de este primer eje, la Cultura trabajará en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y otros organismos para llevar a cabo un estudio sobre la desigualdad en el ámbito cultural, siendo esencial contar con datos concretos para mejorar políticas públicas y su impacto.

Se destinará también un nuevo fondo de 4.450.000 euros en ayudas para proyectos culturales de impacto social, promoviendo así la participación activa en el entorno cultural existente. Además, se asignarán recursos para fomentar la conexión entre la educación y la cultura, asegurando apoyo para proyectos artísticos en colegios e institutos.

En el segundo eje del plan, que aborda los retos contemporáneos, Beirak afirmó que este sector es particularmente amplio, dado que la cultura tiene el potencial para responder a muchos desafíos actuales, tales como la igualdad de género, la diversidad cultural y las necesidades de las áreas rurales.

En este contexto, se ha presentado el Plan de Igualdad de Género en la Cultura, que incluye la incorporación de criterios de género en subvenciones y contratos, así como la creación de una Unidad de Atención y Prevención de Violencias Machistas en el Sector Cultural, que se evaluará en los próximos meses.

El plan también contempla el reconocimiento del caló y el romaní en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, así como inversiones de cuatro millones de euros en proyectos culturales en zonas rurales, incluido el cine en municipios pequeños. Beirak también mencionó la inclusión del sector cultural en el Observatorio de Equidad del Ministerio para la Transición Ecológica, para evaluar la desigualdad territorial.

La salud física y mental es otro de los temas prioritarios en el plan, y se está preparando un acuerdo con el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para implementar diversas iniciativas en este ámbito. Además, el plan se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Memoria Democrática.

El tercer bloque del Plan busca fortalecer el tejido profesional, abordando mejoras en las infraestructuras y condiciones laborales, incluyendo avances en el Estatuto del Artista y reformas necesarias en la normativa del trabajo en el sector cultural.

Se considera primordial fortalecer las organizaciones profesionales y sindicales en el sector, con una ayuda de un millón de euros destinada a asociaciones culturales y sindicatos, buscando así una mejor organización que beneficie al ámbito cultural en general.

Por último, se establecerá un Código General de Buenas Prácticas que promueva la transparencia y prevenga la injerencia, abordando también casos de censura y cancelaciones que se evaluarán individualmente.

Los dos últimos ejes se centran en fortalecer el reconocimiento de la cultura como un componente fundamental de los Derechos Humanos, con el impulso de una ley de derechos culturales entre otras iniciativas, consolidando así un marco normativo sólido para la promoción y protección de los derechos culturales en España.