El próximo mes de abril, el Pleno del Congreso abordará una importante reforma que tiene como objetivo limitar la capacidad de la Fundación Franco para operar si decide transformarse en una asociación.

La Comisión Constitucional del Congreso ha dado luz verde este martes a una modificación de la Ley de Asociaciones, promovida por el PSOE, que busca facilitar la disolución de organizaciones que enarbolen el legado del franquismo. La medida ha contado con el respaldo de varias fuerzas políticas, entre ellas Sumar, ERC, Junts, el PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se han abstenido y Vox se ha opuesto frontalmente.

Se espera que esta normativa, que comenzó su tramitación en octubre pasado, sea debatida en el Pleno durante la segunda semana de abril antes de ser enviada al Senado. Como se trata de una ley orgánica, requerirá el apoyo de al menos 176 miembros del Congreso para su aprobación, lo que significa que el PSOE necesitará mantener unidos a sus aliados durante todo el proceso.

La reforma está alineada con las obligaciones establecidas en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que ya contemplaba cambios en la regulación de las asociaciones. Es importante destacar que esta reforma se concentra únicamente en asociaciones, ya que las fundaciones tienen un proceso diferente para su disolución, que está a cargo del Ministerio de Cultura.

Una de las claves de esta nueva norma es su enfoque en la inclusión de una cláusula que permitirá disolver aquellas asociaciones que promuevan abiertamente el franquismo. Esto incluirá actividades que glorifiquen el golpe de Estado de 1936, así como la dictadura que siguió, siempre que dichas acciones menoscaben la dignidad de las víctimas.

La propuesta también establece que este motivo de disolución se aplicará independientemente de los fines teóricos y actividades declaradas en los estatutos de la asociación cuestionada. Asimismo, el registro de la asociación será considerado solo un trámite informativo y no afectará la posibilidad de disolución.

Originalmente, la disolución debía ser ordenada por un tribunal y era competencia del Ministerio Fiscal, pero en el proceso se incorporó una enmienda que permite derivar dicha disolución a través de vías penales. Esta iniciativa ha sido criticada por algunos miembros del PP, quienes argumentan que podría crear una especie de acusación popular en el ámbito civil.

La representante del PP, María Jesús Moro, ha cuestionado esta introducción y ha manifestado que el enfoque del Gobierno hacia la memoria histórica está desembocando en una "Constitución militante" que podría silenciar disidencias. Similarmente, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha tachado la reforma de "liberticida", subrayando que la Constitución solo debería excluir a asociaciones con intenciones paramilitares.

Sin embargo, los defensores de la reforma, como el socialista Armeti Rallo, han argumentado que la democracia debe ser firme en la defensa de sus valores y no puede permitir la promoción del odio. Rallo ha calificado de crítica la actual necesidad de hacer frente a lo que percibe como un renacimiento del fascismo en España.

En el seno del debate, el PP propuso enmiendas adicionales para incluir la apología de otros regímenes totalitarios como criterios para la disolución, los cuales fueron rechazados por el PSOE y sus aliados. Desde Sumar, se argumentó que la apología de ETA ya está tipificada en el Código Penal y por lo tanto no es pertinente dentro del marco de esta reforma.

Es notable que en el debate no se tratara una enmienda que el PSOE intentó agregar para modificar ciertos delitos en juicios rápidos relacionados con ocupaciones y allanamientos, lo que revela las tensiones y complejidades detrás de esta reforma. Sin embargo, la falta de consenso ha llevado a que los socialistas no insistan más en este punto en la Comisión Constitucional.