Vox ha dejado claro que se opondrá al decreto ley conocido como 'ómnibus', mientras que el Gobierno asegura contar con el respaldo incondicional de formaciones como el PNV, Bildu, Podemos y BNG para su aprobación.

En el seno del Congreso de los Diputados, este miércoles se llevarán a cabo las deliberaciones y la votación sobre un decreto ley que abarca importantes medidas sociales y económicas, como la revalorización de pensiones, la extensión de ayudas para el transporte público, y la garantía de suministros básicos para personas en situaciones vulnerables, entre otras. La incógnita quedará planteada respecto al posicionamiento final del PP y Junts, quienes han decidido esperar hasta el último momento para decidir su voto, que podría ser crucial en este debate.

Este decreto incorpora un extenso conjunto de medidas fiscales y económicas que fue aprobado en un reciente Consejo de Ministros de 2024. A pesar de que muchas de estas disposiciones ya se encuentran en vigor desde el 23 de diciembre anterior, conforme a lo que establece la Constitución, el Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación antes de que transcurran 30 días desde su promulgación.

En relación con esto, el PP ha expresado su descontento con el Gobierno al señalar que el decreto contiene una cláusula que concede al PNV la propiedad del edificio que alberga el Instituto Cervantes en París, aunque aún no han decidido si votarán en contra, se abstendrán o respaldarán la propuesta.

Junts también mantiene su postura en standby, recordando que recientemente suspendieron las negociaciones con el PSOE tras la negativa de este último a tramitar una propuesta que solicitaba que Pedro Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza.

Entre las disposiciones más destacadas del decreto se encuentra el aumento del 2,8% en las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado para 2025, además de un incremento cercano al 6% en las pensiones mínimas. También se contempla una revalorización del 9% en las pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital (IMV).

Sin embargo, el decreto no incluye la medida de reducción del IVA de la luz, que volverá a establecerse en un 21% de manera permanente, lo que ha suscitado una oleada de críticas por parte del PP.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha lamentado la inclusión de esta disposición que beneficia al PNV, describiendo al partido como un "aprovechategui" político, que busca sacar partido de la aparente debilidad del Gobierno de Sánchez. A pesar de la retórica beligerante, el PP aún no se ha pronunciado sobre su voto definitivo, mientras que Vox ha declarado su intención de rechazar el decreto, considerándolo una "estafa" y un "chantaje".

Frente a estas acusaciones, el PNV defiende su posición argumentando que lo que se plantea no es una cesión, sino una devolución que fue acordada en su momento por el ex presidente Mariano Rajoy y que ahora, bajo la administración de Sánchez, se está llevando a cabo. Por otro lado, Podemos, Bildu y BNG han manifestado su intención de votar a favor del Decreto.

Mientras tanto, el decreto también incorpora medidas significativas en el ámbito tributario, como el incremento del límite de rendimientos íntegros de trabajo que obligan a presentar la declaración de la Renta, pasando de 1.500 a 2.500 euros.

Además, se extiende la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados hasta finales de 2025, y se prorroga el Plan Moves III para la adquisición de coches eléctricos hasta el 30 de junio. Otras medidas relevantes comprenden la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2025, de deducciones en el IRPF para obras de mejora energética en viviendas.

En términos concretos, se extiende el periodo para aplicar deducciones del 20% por reformas que reduzcan en un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en residencias, así como deducciones del 40% para aquellas obras que logren disminuir en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que mejoren la calificación energética a letras 'A' o 'B'.