La reforma que busca fortalecer el marco legal contra el franquismo ha alcanzado un nuevo hito. Este jueves, el Congreso español debatirá un proyecto de ley impulsado por el PSOE que tiene como objetivo facilitar la disolución de organizaciones que promueven la apología del régimen franquista.

Esta iniciativa, que es clasificada como una ley orgánica, necesitará de una mayoría absoluta de 176 votos para su aprobación, lo que significa que el Gobierno debe asegurarse el apoyo de sus aliados. Una vez superada esta etapa, la legislación será enviada al Senado para su posterior trámite.

El Pleno se pronunciará sobre el dictamen que la Comisión Constitucional aceptó el 25 de marzo, con el respaldo de fuerzas progresistas como el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que PP y UPN optaron por la abstención y Vox expresó su rechazo al texto.

La reforma responde a lo estipulado en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que se promulgó en octubre de 2022, y que ya planteaba modificaciones sobre el derecho de asociación en este contexto.

Es importante destacar que esta normativa se aplica específicamente a las asociaciones, mientras que las fundaciones, como la Fundación Franco, siguen un proceso de disolución distinto bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar. Ante el eventual intento de la fundación de transformarse en asociación para eludir su disolución, el PSOE decidió avanzar paralelamente en esta reforma legal.

La nueva legislación incluirá una disposición que establece como causa de disolución la realización de actividades que promuevan el franquismo, puntualizando que se considerarán tales acciones aquellas que "ensalzan" el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, así como el enaltecimiento de sus responsables, siempre que esas acciones impliquen una falta de respeto hacia las víctimas, incitación al odio o a la violencia contra ellas.

Asimismo, se aclarará que la causa de disolución se aplicará independientemente de los fines teóricos y actividades definidos en los estatutos de la asociación, y del cumplimiento del deber de inscripción en el registro, que solo se establece con fines de publicidad.

La propuesta inicial sugería que la disolución requeriría una resolución judicial, con el Ministerio Fiscal encargado de actuar en tales casos. Sin embargo, durante la fase de ponencia se introdujo una enmienda que permite una vía penal para la disolución, gracias a un acuerdo entre los grupos de izquierda y nacionalistas que amplia las posibilidades de intervención judicial.

Esta enmienda, a la que tuvo acceso Europa Press, estipula que el Ministerio Fiscal evaluará la posibilidad de presentar acciones penales para disolver entidades implicadas en crímenes relacionados con derechos fundamentales, especialmente en casos de incitación al odio o la violencia.

Además, la enmienda reconoce la legitimación activa de asociaciones y entidades que abogan por la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura, brindando así una mayor capacidad de acción a quienes luchan por la justicia y la reparación histórica.