MADRID, 9 de abril.

Este jueves, 10 de abril, el Congreso de los Diputados abordará un tema crítico: la aprobación de un real decreto-ley que busca modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. El objetivo principal de esta propuesta es establecer un sistema de distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando la demanda supere la capacidad de atención de una determinada región. Este acuerdo ha sido alcanzado entre el Gobierno y Junts, aunque se ha encontrado con la oposición de varias autonomías regidas por el Partido Popular (PP).

El mencionado decreto está diseñado como una medida urgente para garantizar el interés superior de los menores y adolescentes, especialmente ante situaciones de crisis migratoria extraordinarias. Introduce cambios específicos en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, delineando el procedimiento para la redistribución de estos menores entre las comunidades autónomas, asegurando su bienestar.

Una de las novedades de este decreto es la creación de un fondo financiero dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, que asegura la viabilidad económica del proceso, con 100 millones de euros previstos en 2025 para apoyar estas medidas.

En sus cuatro nuevos apartados, el artículo 35 modifica significativamente el marco regulador. Un aspecto relevante es el artículo 35 bis, que otorga importantes poderes a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, asegurando que puede tomar decisiones por unanimidad. Además, se considera que si una comunidad tiene el triple de su capacidad ordinaria en cuanto a menores no acompañados, se declarará en situación de contingencia migratoria, permitiendo así la activación de procedimientos de reubicación.

Por su parte, el artículo 35 ter determina las pautas para la distribución de los menores, considerando factores como la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y la condición geográfica de cada territorio. La Conferencia Sectorial también podrá modificar estos criterios si alcanza un consenso unánime.

Adicionalmente, el artículo 35 quater establece cómo se debe realizar el registro de los menores no acompañados, estipulando que en situaciones de contingencia extraordinaria, el traslado a la comunidad destinada debe concretarse dentro de un plazo de 15 días después del registro.

Ante la necesidad de evaluar el estado del sistema de acogida, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a las comunidades que presenten la cantidad actual de menores no acompañados bajo su atención antes del 31 de marzo. Sin embargo, la ministra Sira Rego ha dado un ultimátum hasta este jueves para que regiones como Aragón, que no ha proporcionado datos, así como Madrid y Extremadura, que han enviado información escasa, presenten datos más detallados. Si no lo hacen, el Gobierno usará los datos de 2023, que colocan a Madrid como la autonomía con mayor número de menores hospedados, superando los 800.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado su intención de impugnar esta estrategia de distribución, argumentando que invade sus competencias. Aragón ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo, mientras Cantabria, Castilla y León y Andalucía han autorizado la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra del decreto-ley.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que en breve llevará su recurso al Tribunal Constitucional, mientras que la Conselleria de Familias de Baleares también ha tomado la decisión de impugnar el decreto.

La Comunidad Valenciana se ha sumado a estos esfuerzos al iniciar los trámites para interponer un recurso, argumentando que la legislación interfiere en sus competencias exclusivas en la protección de menores.

Cabe recordar que en julio del año pasado, el Congreso dejó de lado una propuesta de ley presentada por PSOE, Sumar y CC que buscaba regular el reparto de menores migrantes, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Gobierno ha estado en conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para encontrar una solución a la saturación en ciertas regiones.

Siguiendo esta línea, la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno dio luz verde el 8 de abril a la creación de un grupo de trabajo destinado a coordinar la distribución de menores migrantes entre las autonomías.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su optimismo en que el Congreso convalide el real decreto-ley, subrayando su carácter "estructural, histórico e inédito".

La votación sobre el reparto de menores tendrá lugar después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno asumir la responsabilidad de mil menores migrantes en Canarias que han solicitado asilo. Torres también puntualizó que este plazo aún está en curso.

Por último, los gobiernos de España y Canarias han llegado a un acuerdo para ejecutar la resolución del Tribunal Supremo, organizando la transferencia de 1.008 menores migrantes a la red de acogida estatal, después de haber reconsiderado su decisión de recurrir el fallo tras una reunión constructiva con las autoridades canarias, según lo indicado por el ministro Félix Bolaños.

Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro Torres, coincidieron en que es fundamental analizar cada uno de estos casos de manera individual, dada la diversidad de circunstancias que pueden afectar a cada menor.