En un avance significativo hacia la justicia social, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso se ha reunido este martes para impulsar una reforma que beneficiará a los trabajadores con menores ingresos. Este cambio, negociado entre el PSOE y Sumar, permitirá que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se pueda deducir hasta 340 euros en la declaración de la renta anual del IRPF.

La ponencia de la comisión ha dado luz verde a su informe sobre la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que ahora incluye la enmienda que modifica la tributación del SMI. Según fuentes del Parlamento, esta adaptación ya está integrada en el marco legal. Durante la sesión, el Partido Popular optó por la abstención en la votación, dejando claro su desinterés en apoyar estas medidas sociales.

El proceso legislativo continuará con una nueva reunión de la comisión, la cual se abrirá al público, durante la cual la enmienda sobre el SMI será discutida. Se espera que esta reunión coincida con una sesión plenaria en la próxima semana, lo que podría llevar a la aprobación definitiva de la reforma en junio.

La propuesta implica la creación de deducciones fiscales para aquellos contribuyentes cuyos ingresos por trabajo efectivo no superen los 17,256 euros anuales. En concreto, la deducción alcanzará un total de 340 euros anuales para aquellos cuyos ingresos sean inferiores al SMI establecido en 16,576 euros, con un ajuste progresivo para quienes ganen hasta 17,256 euros.

Cabe destacar que la enmienda estipula que la cantidad deducible no podrá superar la parte de las cuotas íntegras estatal y autonómica que le corresponde a los ingresos netos del trabajo del contribuyente. Este detalle es crucial para garantizar que las deducciones sean equitativas y justas dentro del marco fiscal.

A pesar de la colaboración entre los socios de gobierno, la negociación sobre la tributación del SMI presentó tensiones internas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía la necesidad de que el SMI comenzara a tributar desde su aumento en enero, mientras que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y figura clave de Sumar, se oponía a esta postura, argumentando que los salarios mínimos no deberían estar sujetos a impuestos.

Ambas posturas llevaron a las fuerzas políticas involucradas a presentar diversas propuestas legislativas para revocar esta medida, incluyendo PP y Podemos, quienes coincidieron en su rechazo. Sin embargo, antes de que esas iniciativas pudieran avanzar en el Parlamento, Montero pudo llegar a un consenso con Sumar que permite que las rentas inferiores al 60% del salario medio se beneficien de deducciones en el IRPF, marcando un paso hacia adelante en la protección de los trabajadores más vulnerables.