En una jornada que marca un hito en la política fiscal española, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a una ambiciosa reforma tributaria. Este nuevo marco incluye un impuesto específico para las entidades bancarias y un tributo mínimo global del 15% dirigido a las grandes corporaciones multinacionales, una medida que busca hacer frente a la desigualdad y promover una mayor justicia fiscal.

La ley ha logrado la aprobación gracias a una coalición de fuerzas progresistas, recibiendo el apoyo de formaciones como el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG y Coalición Canaria. En el lado opuesto, la oposición fue liderada por PP, Vox y UPN, quienes se manifestaron en contra de estas medidas. Cabe señalar que el exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente parte del Grupo Mixto, no estuvo presente durante la votación, lo que generó especulaciones sobre su posición política actual.

La votación se produjo tras una extensa jornada de trabajo en la comisión, que se extendió por más de siete horas, además de días repletos de intensas negociaciones. La incertidumbre sobre la posibilidad de que la reforma no fuera aprobada había crecido, especialmente por las amenazas de Podemos de presentar un bloque a la legislación. Sin embargo, el Gobierno logró asegurar los votos necesarios, incluyendo la promesa de consolidar el impuesto a las energéticas en una futura ley, o en su defecto, la continuación del gravamen actual a través de un decreto ley.

No obstante, estas promesas aún se encuentran en el terreno de la especulación. Inicialmente, se llegó a un acuerdo con Junts que estipulaba la desactivación del impuesto a las energéticas para el 31 de diciembre. Posteriormente, el compromiso con ERC, Bildu y BNG fue la aprobación de un decreto para extender dicho gravamen, mientras que este jueves se prometió a Podemos la creación de un nuevo impuesto a través de una futura proposición de ley. Si no se logra un consenso antes de fin de año, se considerará la opción de implementar un decreto para asegurar la continuidad del impuesto.