La defensa del despacho Equipo Económico y su socio director Manuel de Vicente Tutor han presentado un recurso a la Audiencia Provincial de Tarragona para solicitar la anulación de las actuaciones que han sido mantenidas en secreto durante un periodo de siete años. Este caso investiga a alrededor de treinta personas, entre ellas el exministro Cristóbal Montoro, por alegadas irregularidades en la concesión de favores políticos a empresas, especialmente del sector gasístico.

La apelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, cuestiona una resolución emitida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona el 2 de agosto de 2018, que impuso el secreto sobre la causa y también los posteriores autos que renovaron esa medida hasta su eventual levantamiento, programado para el 19 de junio de 2025.

El abogado José Antonio Choclán, responsable de la defensa, ha argumentado que la prolongación del secreto ha generado serios perjuicios reputacionales y ha afectado de manera crítica a los derechos fundamentales de los investigados, quienes ahora enfrentan un proceso que consideran viciado y en el que se sienten desprotegidos.

En el escrito, la defensa aclara que la duración excesiva del secreto ha provocado que un tribunal no competente investigue durante más de siete años, actuando con falta de transparencia y sin permitir la participación activa de las partes envolvidas, más allá de la intervención de la Fiscalía.

La defensa sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los procesos judiciales solo deben permanecer en secreto el tiempo necesario para garantizar el objetivo legítimo de la investigación. En este sentido, citan tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como las directrices del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, señalan que la Fiscalía había indicado que los investigados no tenían conocimiento de la existencia del procedimiento. Esto, según la defensa, limita su derecho a participar en el proceso y a ejercer su derecho a una defensa efectiva.

La apelación también critica que las imputaciones se han demorado más de lo necesario, a pesar de que el juzgado contaba con indicios de criminalidad desde diciembre de 2021. Argumentan que el tiempo transcurrido ha afectado gravemente la capacidad de los investigados para defenderse de las acusaciones en su contra, dado que no se les había permitido contrarrestar esas evidencias durante la larga instrucción.

La defensa destaca la “especial indefensión” de los implicados en este caso, al considerar que el prolongado proceso sin su conocimiento ha provocado que no puedan acceder a documentos e información vital que habría sido necesaria para su defensa en casos cuyos hechos se registraron en 2014 y 2018.

Por último, enfatizan que la normativa tributaria estipula un plazo de prescripción de cuatro años y que la normativa contable menciona un plazo de seis años para conservar documentación. Según la defensa, después de siete años de instrucción, no se puede esperar que los investigados participen en las diligencias de instrucción sin que ello resulte en nuevas y significativas dilaciones del proceso.