La controversia en torno a las dilaciones en la investigación sobre presuntos beneficios fiscales otorgados a ciertas empresas durante la gestión de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda ha tomado un nuevo giro. El despacho Equipo Económico, que se encuentra bajo investigación en este caso, ha expresado su insatisfacción por lo que considera un "retraso" injustificado en el procedimiento judicial, y ha instado al juez a actuar con celeridad.

En un documento enviado al juez Rubén Rus, al que tuvo acceso Europa Press, el equipo legal del despacho señala que la investigación ha estado marcada por una falta de avance significativo y, por ende, solicita que el juzgado imponga un "impulso" al proceso. El equipo cuestiona la efectividad del mismo al considerar que su caso ha sido desestimado sin que medie un fundamento claro.

De acuerdo con su escrito, el despacho ha solicitado que se envíe sin más dilaciones a la Audiencia Provincial de Tarragona un recurso presentado en julio, en el que denunciaron la naturaleza desproporcionada de la investigación y argumentaron a favor de su nulidad. A pesar de las semanas transcurridas, Equipo Económico se ha quejado de que no ha recibido novedades sobre el estado del asunto, lo que aumenta su frustración.

La defensa también critica que otros escritos que presentaron en meses anteriores, donde pedían la eliminación de datos personales irrelevantes y la consolidación de las acusaciones populares, no han sido debidamente atendidos. Esta inacción dirigió al despacho a señalar que, tras más de siete años de instrucción mantenida en secreto, el caso muestra una alarmante falta de progreso.

El equipo jurídico argumenta que no se puede excusar la inacción del juzgado en la supuesta complejidad del caso, lo que consideran una justificación común que ha permitido prolongar indebidamente el secreto del sumario. A su juicio, este prolongado estancamiento es consecuencia directa de la falta de atención y diligencia del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, lo que, según insisten, va en contra de su derecho a una tutela judicial efectiva.

Los representantes de Equipo Económico han reafirmado su interés en que el proceso avance de manera expedita, evidenciando su deseo de esclarecer los hechos tras un largo periodo de incertidumbre. Han manifestado que, luego de siete años de una investigación que ha operado bajo un velo de secreto, no existe evidencia que los incrimine, y es su intención pronto ver resuelto el caso.

Desde que se levantó el secreto de sumario el pasado julio, el despacho ha insistido en defender la legalidad de sus acciones y ha sugerido que la investigación debería ser trasladada a los juzgados de Madrid, argumentando que si se demostrara algún delito, este habría sido planificado y llevado a cabo en la capital.

La indagatoria, que comenzó en 2018, ha llevado a la imputación de más de treinta personas, incluyendo al exministro Montoro y al propio despacho, debido a supuestas irregularidades que beneficiaron principalmente a empresas del sector gasista. Recientemente, el juez decidió extender el plazo de la investigación hasta enero de 2026, con el objetivo de garantizar que la declaración de todos los investigados se realice de manera adecuada, aunque advierte que tal extensión es necesaria para no limitar el derecho de los imputados a solicitar nuevas diligencias.