El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expresado su preocupación por lo que considera un cambio repentino en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) con respecto a los nombramientos de fiscales. Este cambio se manifestó en la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, luego de que en noviembre pasado el mismo tribunal señalara una "desviación de poder" en el nombramiento de su predecesora como fiscal togada.

En su opinión, la Sala Tercera está introduciendo "criterios diferentes a los establecidos por el estatuto", lo cual representa un nuevo desafío en el ámbito jurídico para los nombramientos del fiscal general. García Ortiz ha destacado que antes el fiscal general tenía la libertad de nombrar a la persona que considerara más adecuada, cumpliendo con los requisitos legales.

Sin embargo, el fiscal general ha afirmado que la sentencia del TS se cumplirá y se analizará, aunque ha anticipado que es probable que se deba regresar al Consejo Fiscal para examinar la posible incompatibilidad en el nombramiento de Dolores Delgado.

Por su parte, García Ortiz ha defendido su decisión de nombrar a Delgado argumentando que la incompatibilidad era evidente y que plantearla al Consejo Fiscal habría sido una maniobra dilatoria para evitar su nombramiento. En su opinión, la discusión se centra en esta cuestión fundamental.