El tribunal ha dado luz verde a las partes involucradas en el caso para que accedan al vídeo de la declaración realizada el pasado 29 de enero, marcando un nuevo capítulo en esta compleja investigación.

En la jornada del 10 de octubre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desmentido enérgicamente cualquier insinuación de haber filtrado información relacionada con la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su testimonio ante el Tribunal Supremo (TS).

Estas afirmaciones se han hecho públicas a través de un vídeo al que ha tenido acceso Europa Press, donde se registra su comparecencia. Aunque en febrero se hizo pública la transcripción del interrogatorio, el tribunal ha autorizado recientemente que tanto las defensas como las acusaciones puedan visualizar las grabaciones de las declaraciones efectuadas durante el año de investigación.

La decisión de la Sala de lo Penal llega tras la conclusión de la fase de instrucción, con el juicio programado del 3 al 13 de noviembre. En este juicio, el TS juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con una filtración a la 'Cadena SER' que ocurrió la noche del 13 de marzo de 2024. Se alega que esto ocurrió en el contexto de una posible negociación de un acuerdo por parte de González Amador.

La difusión de las grabaciones ha sido autorizada en respuesta a una solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular. Esta asociación ha solicitado la imposición de una pena de seis años de prisión y doce años de inhabilitación para el fiscal general, argumentando el delito de prevaricación sumado a uno de revelación de secretos.

En el extracto del vídeo, la defensa interroga a García Ortiz sobre si había filtrado información a algún medio de comunicación. A cada pregunta, García Ortiz se mantiene firme en su negativa: "Rotundamente no". Este patrón se repite cuando se le cuestiona sobre la divulgación de correos a personas vinculadas al Gobierno español.

El fiscal general fue también preguntado sobre si había dado instrucciones para compartir la denuncia, a lo que respondió con la misma contundencia. Además, cuando se le interrogó sobre cualquier instrucción dada a otros fiscales involucrados, reiteró su negación, destacando que no había actuado de manera indebida.

Sin embargo, García Ortiz reconoció haber cometido un "error" al no emitir un comunicado de prensa desde el momento en que se enteró de que la persona denunciada tenía un perfil público relevante. Consideró que una nota de prensa habría protegido también la privacidad de González Amador al centralizar la información.

El fiscal general también rechazó cualquier intención de perjudicar a González Amador por su relación con la presidenta de Madrid, defendiendo los derechos del acusado y negando haber puesto obstáculos a cualquier posible acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos.

Durante el interrogatorio, García Ortiz optó por responder solo a su defensa, mientras que la Fiscalía decidió no interrogarlo, dada la incertidumbre sobre la legalidad de un registro que tuvo lugar en su despacho el 30 de octubre.

García Ortiz estuvo en el estrado durante una hora y veinticinco minutos, en un escenario que enfatiza la gravedad del asunto. En su llegada al TS, lo hizo bajo la mirada del público, que lo recibió con gritos de desprecio. No dio declaraciones públicas ni a su entrada ni a su salida.

Desde aquella fecha, numerosos testigos han comparecido, incluyendo a González Amador, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y varios periodistas, lo que subraya la magnitud del caso. Está previsto que García Ortiz vuelva a aparecer en el juicio de noviembre, donde su defensa ha solicitado que declare en último lugar, tras los testigos y las pruebas admitidas.