El Gobierno español ha anunciado su intención de estudiar un nuevo mecanismo que facilite la implementación de un descuento del 60% en el IRPF para los habitantes de La Palma. Este movimiento responde a la propuesta formulada por el Ejecutivo canario durante la reciente reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Lanzarote.

Este encuentro se centró en la 'Agenda Canaria', donde se abordaron cuestiones cruciales como el apoyo a las comunidades afectadas por la crisis migratoria y la recuperación de La Palma tras la devastadora erupción volcánica. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó que el Gobierno está considerando la creación de un decreto ley que permita utilizar los remanentes de tesorería insular para cubrir gastos urgentes.

Torres destacó que la propuesta de Clavijo busca que dichos remanentes puedan ser empleados no solo para emergencias relacionadas con la migración, sino también para financiar iniciativas de reconstrucción en La Palma. Sánchez ha indicado que examinará esta opción con detenimiento, reafirmando su compromiso de cumplir los puntos pendientes de la agenda canaria.

Uno de los componentes más relevantes de esta agenda es la deducción del 60% en el IRPF, una medida que el Gobierno se ha comprometido a materializar con efecto retroactivo desde el 1 de enero del presente año. Sin embargo, el ministro enfatizó que la aprobación de esta normativa dependerá de la obtención de apoyo parlamentario, advirtiendo que de lo contrario, cualquier decreto podría quedar sin efecto.

A pesar de operar con un presupuesto prorrogado, Torres afirmó que el Gobierno ha estado cumpliendo con varios aspectos de la agenda canaria, mencionando la implementación de medidas legales para la distribución de migrantes, así como ayudas al sector energético y facilidades en el transporte y empleo.

Durante la misma reunión, se discutió la singularidad de Canarias como región ultraperiférica, cuestión que contó con el respaldo incondicional del Ejecutivo central, según lo expresado por Torres. Además, se planteó la necesidad de seguir abogando por la exención de la tasa verde, con la intención de que se amplíe más allá del año 2030.