El 11 de julio en Madrid, las autoridades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han convocado una Conferencia Sectorial de Medioambiente programada para el 18 de julio. Este encuentro abordará varios temas críticos, entre ellos la aprobación de los informes sexenales que el Gobierno tiene la obligación de enviar a la Unión Europea antes de finalizar julio, destacándose especialmente el relacionado con el lobo.

Según fuentes del ministerio, es posible que, si alguna comunidad autónoma (CCAA) se opone a la aprobación del censo del lobo, el Gobierno enviará el informe a Bruselas aclarando que existen desacuerdos entre las comunidades, aunque el informe en cuestión no haya obtenido el consenso necesario.

La evaluación de la población de lobos se iba a llevar a cabo en una reunión de la Comisión Sectorial de Medioambiente a finales de junio. Sin embargo, varios gobiernos autónomos liderados por el Partido Popular (PP) solicitaron una nueva cita tras argumentar que no habían recibido la información pertinente con anterioridad. Esta afirmación fue desmentida posteriormente por el Ministerio de Transición Ecológica.

La reunión de la Comisión Sectorial, que incluye a técnicos de nivel alto en lugar de consejeros, fue objeto de críticas por parte del PP, que calificó el ambiente de la sesión como “bronco” y “despectivo”, mencionando tensiones y descalificaciones. Ante esta situación, algunos representantes autonómicos enviaron una carta a la ministra, Sara Aagesen, pidiendo la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras su desempeño en la reunión.

Antes de la Comisión, fuentes del ministerio compartieron datos que indicaban la existencia de 333 manadas de lobos en el país, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el último censo. A partir de esta información, señalaron que la especie se encuentra en un estado "desfavorable", lo cual prohíbe la implementación de "controles letales", en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2024.

Durante la discusión, varias comunidades autónomas manifestaron su descontento con la difusión de un documento estatal que, según afirmaron, no contaba con la aprobación correspondiente de la Comisión Sectorial y no coincidía con los análisis técnicos que cada comunidad había llevado a cabo, describiendo esta acción como una “profunda deslealtad institucional”.

En respuesta a estas preocupaciones, Aagesen envió una carta indicando que su ministerio actúa con “buena fe y respeto institucional” y expresó su deseo de que la próxima reunión se desarrolle en un marco de “diálogo constructivo y colaboración entre las distintas administraciones”.

La ministra también enfatizó que el informe sexenal sobre el lobo del periodo 2019-2024 no fue hecho público, aunque aclaró que se había enviado a las comunidades autónomas el 26 de junio, justo un día antes de la reunión de la Comisión Sectorial.

Mientras tanto, entre estas citas, el Defensor del Pueblo ha llevado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a ciertas disposiciones de la Ley 1/2025, la cual, en la práctica, permite la reanudación de la caza de lobos en España, un tema que sigue siendo objeto de controversia y debate social.