MADRID, 17 de diciembre.

En un paso significativo hacia la modernización de derechos informativos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Esta normativa, que reemplaza completamente una legislación de 1984, es una respuesta directa al 'Plan de Acción por la Democracia', diseñado con el fin de proteger a los ciudadanos frente a la desinformación. Por primera vez, el texto incorpora a los influencers en su ámbito de aplicación, reconociendo su creciente influencia en la difusión de información.

La noticia fue divulgada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa en la que también participaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien expuso los pormenores de la ley.

Bolaños enfatizó la necesidad de elevar la calidad del debate público y de brindar a los ciudadanos las herramientas necesarias para que puedan ejercer su Derecho a la Rectificación cuando se ven afectados por desinformación, mentiras o bulos. “Queremos que la ciudadanía tenga la capacidad de corregir publicamente información falsa de manera más eficaz y ágil, adaptándonos así al entorno digital contemporáneo”, aseguró el ministro.

Desde su perspectiva, esta reforma no solo beneficiará a los ciudadanos, sino que también servirá como un estímulo para que los medios de comunicación adopten prácticas más responsables. “La democracia y el debate público están sufriendo las consecuencias de la proliferación de información inexacta; esta ley promueve un ecosistema informativo más saludable”, argumentó.

El titular de Justicia destacó que, hace cuatro décadas, el panorama mediático era radicalmente distinto. “La forma en que se Interactuaba con la información y las herramientas disponibles para rectificar no se asemejan en absoluto a lo que enfrentamos hoy. Es esencial que actualicemos el Derecho a la Rectificación a las realidades del siglo XXI, considerando el impacto que las fake news tienen en nuestras democracias”, subrayó.

Entre las innovaciones que la nueva ley introduce, se encuentran ajustados procedimientos que facilitarán a los ciudadanos el ejercicio del Derecho a la Rectificación ante noticias que sean claramente falsas o erróneas. El anteproyecto consta de siete artículos, donde se definen claramente los titulares del Derecho a la Rectificación, que incluyen no solo medios de comunicación tradicionales, sino también plataformas digitales y servicios equivalentes, que a menudo tienen un alcance superior al de la prensa convencional.

Más allá, el texto de la ley permitirá que individuos cercanos a personas fallecidas también puedan reclamar la rectificación de información falsa que les haya afectado. De esta manera, se amplía real y significativamente el espectro de protectores del Derecho a la Rectificación.

Bolaños especificó que el artículo 2 aborda el proceso previo a la contención del derecho, mientras que el artículo 3 establece las pautas sobre cómo debe publicarse la rectificación. “Las rectificaciones deben hacerse de forma integral, a través de procedimientos necesarios que garanticen rapidez y gratuidad, incorporando medidas específicas para el entorno digital”, explicó.

Uno de los cambios más significativos es la ampliación del plazo para solicitar la rectificación, que pasa de siete a diez días. “Anteriormente, la solicitud debía ser enviada necesariamente al director del medio; sin embargo, en la nueva ley esa condición será opcional”, detalló el ministro.

Una de las inclusiones más relevantes es la regulación específica para los influencers, aquellos que poseen más de 100,000 seguidores en una red social o más de 200,000 en total a través de múltiples plataformas. “Estos individuos pueden tener un impacto en la información que comparten similar al de muchos medios tradicionales, y con esta ley buscamos que también ellos sean responsables de la veracidad de lo que difunden”, recalcó.

Adicionalmente, se eliminará la obligación de responder por escrito a una demanda de rectificación, lo que permitirá que los procedimientos judiciales se agilicen, facilitando sentencias más rápidas en defensa del derecho a la rectificación.

Las nuevas normativas también institucionalizan la obligación de publicar o difundir la rectificación en cuestión, además de incluir un aviso de que la información previamente incorrecta ha sido corregida. "También queremos que se ofrezca un enlace directo a la rectificación íntegra”, añadió.

Por último, se contempla que todos los medios de comunicación y figuras relevantes en las redes sociales dispongan de un proceso accesible para gestionar el Derecho a la Rectificación. “Con estas novedades, estamos logrando un marco que fortalece la defensa de la veracidad en la comunicación pública y complica la labor de quienes se dedican a la difusión de mentiras y bulos”, concluyó Bolaños, celebrando la aprobación de este anteproyecto como una victoria para la democracia.