MADRID, 27 de junio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado una nueva reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente para el próximo 11 de julio. Esta decisión llega tras la controversia generada por la eliminación del debate sobre el informe sexenal acerca del lobo de la agenda, una solicitud realizada por 11 comunidades autónomas en una carta el pasado lunes, citando el retraso en la entrega de la información necesaria para la reunión programada para hoy.

Las comunidades que firmaron la misiva son Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, además de Ceuta y Melilla.

En un comunicado emitido por la Xunta de Galicia, se indicó que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconsiderado su postura y ha confirmado que en el próximo encuentro sí se abordará el informe sobre el lobo correspondiente al periodo 2019-2024. Este debate será fundamental antes de su aprobación en una futura Conferencia Sectorial, tal como señala la Ley de Desperdicio Alimentario.

Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, comentó a Europa Press que la reunión matutina fue tensa, caracterizada por “un ambiente bronco y despectivo”, con momentos de falta de respeto y discrepancias notables con algunas comunidades autónomas.

Criticó además que el secretario de Estado de Medio Ambiente abandonó la reunión, evidenciando “falta de respeto y lealtad institucional” por el retraso en la entrega de documentación. En su opinión, el flujo de información que estaba llegando en tiempo real durante la reunión resultó en una situación de deslealtad.

Martín también cuestionó las afirmaciones del Gobierno sobre el número de manadas de lobos, indicando que no se había proporcionado un informe científico que respalde la necesidad de alcanzar las 500 manadas propuestas para garantizar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apoyó esta postura, sugiriendo que el enfoque del Gobierno busca evitar que las comunidades autónomas se responsabilicen de la gestión del cánido. Expresó que poseen evidencias científicas de expertos independientes que respaldan la gestión actual, rechazando cualquier informe que no cuente con verificación científica adecuada.

El consejero también lamentó que el MITECO no esté suficientemente informado sobre la realidad en el terreno, donde la situación, según sus palabras, es “insostenible”, y que el Gobierno central incumpla los acuerdos alcanzados previamente.

Por otro lado, Martín comentó que tanto las comunidades autónomas como el PP esperan que el Gobierno brinde apoyo a los ganaderos que cuidan de su ganado, enfrentándose a la presión ejercida por las manadas de lobos, que resulta en la muerte de más de 15,000 animales al año.

Finalmente, destacó que la Ley de Desperdicio Alimentario también contemplaba la posibilidad de regular las manadas de lobos, alineándose con recientes decisiones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como con modificaciones en la Directiva Hábitat y el Convenio de Berna. “El Gobierno no puede ir en contra de lo que se establece en Europa”, subrayó.