En una jornada de tensiones políticas, el Partido Popular (PP) ha manifestado su rechazo a la actual gestión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, quien se enfrenta a una declaración ante el Tribunal Supremo. Este episodio ha encendido la alarma en la formación conservadora, que considera inaceptable que la Fiscalía General se vea sometida a lo que denominan la "deshonra del paseillo".

El PP ha emitido un comunicado en el que se sostiene que García Ortíz actúa como un mero instrumento de la estrategia del presidente Pedro Sánchez. Según las declaraciones de los dirigentes populares, el fiscal general está siendo acusado de actuar en contra de la legislación vigente con el fin de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La declaración de García Ortíz ante el Supremo está vinculada a la denuncia presentada por Alberto González Amador, compañero sentimental de la presidenta madrileña, quien ha señalado una presunta filtración relacionada con este caso. Este hecho ha motivado a los populares a recalcar la gravedad de la situación y a insistir en la responsabilidad que recae sobre el fiscal general.

Desde el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, los miembros del PP han denunciado que la acción del fiscal general es un reflejo de un sometimiento al poder político de Sánchez. La crítica se intensifica al señalar que esta situación compromete la independencia de la institución y la confianza que deben tener los ciudadanos en la justicia.

Para el Partido Popular, la destitución de García Ortíz es imperativa, considerando que su marcha del cargo es tan urgente como la de Sánchez. Argumentan que ambos casos son iguales en términos de lo que consideran decencia y dignidad en la política. "Puede ser un defensor de los intereses de Pedro Sánchez y su partido, pero no puede ser el abogado fiscal de todos los españoles", concluyen, dejando claro su postura ante esta crisis institucional.