Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria urgente de la conferencia sectorial para tratar la puesta en marcha de la obligación de cotizar a la Seguridad Social de todo el alumnado que realiza prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, según han informado fuentes populares a Europa Press.

Para asegurar la calidad formativa de las prácticas del alumnado no universitario y universitario, los consejeros han pedido que en esta convocatoria estén presentes también los ministerios de Universidades y de Seguridad Social.

El Partido Popular defiende mejorar las condiciones de las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de todos los niveles educativos. Consideran que la medida del real decreto de la Ley General de la Seguridad Social es "beneficiosa" pero creen que es necesario dar los pasos adecuados para su correcta implantación y evitar posibles efectos negativos que pongan en riesgo la titulación de miles de alumnos.

El PP recuerda que se dio un período de más de seis meses para desarrollar un procedimiento operativo que permitiera gestionar las altas y bajas, así como la cotización a la Seguridad Social del alumnado. Sin embargo, durante ese periodo, el Gobierno no avanzó en la búsqueda de una solución al problema debido a la "descoordinación" interna entre varios ministerios.

Ante la falta de acción, el Gobierno se vio obligado a prorrogar la entrada en vigor de esta medida hasta el 1 de enero de 2024. Sin embargo, según el PP, esta moratoria no ha servido para subsanar los problemas y garantizar una correcta implementación.

A menos de tres meses para la entrada en vigor de la medida, el PP critica que el Gobierno no haya avanzado en la implementación de una solución operativa que satisfaga a todas las entidades afectadas, como empresas, centros educativos, instituciones, universidades y comunidades autónomas.

Las consejerías autonómicas argumentan que la Seguridad Social no está al tanto de los posibles efectos negativos que una mala implementación de esta medida podría provocar, como la desincentivación de las entidades colaboradoras y el riesgo para la titulación de miles de estudiantes.

Por todas estas razones, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado formalmente al Ministerio la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.