El exministro José Luis Ábalos ha optado por mantenerse en silencio respecto a las acusaciones de "ingresos irregulares", expresando su sensación de indefensión en el contexto de la investigación en curso. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no solicitar su prisión provisional en esta etapa, a pesar de reconocer un riesgo de fuga, debido a su condición de diputado del Congreso.

Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han exigido al Tribunal Supremo que se imponga al exministro una fianza de 650.000 euros o que se le envíe directamente a prisión, a raíz de un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha revelado irregularidades financieras significativas.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, trasladó esta solicitud durante la vista sobre medidas cautelares celebrada en el Tribunal Supremo, donde Ábalos ejerció su derecho a no declarar, lo cual ha marcado un cambio notable en su estrategia legal. Hasta ahora, el exministro había mantenido una postura más activa, pero en esta ocasión ha optado por no ofrecer ninguna explicación sobre las fuentes de sus ingresos cuestionables.

Aparentemente, Ábalos se siente desprotegido, ya que intentó desafiar la representación legal asignada a él, alegando diferencias irreconciliables con su abogado, José Aníbal Álvarez. Sin embargo, el juez Leopoldo Puente consideró que esto podría constituir un "fraude de ley" y le exigió que asistiera a la vista con su abogado habitual, permitiéndole cambiar después si así lo deseaba.

Durante breves momentos en los que se le permitió hablar, Ábalos defendió su posición, pero el magistrado le interrumpió para aclararle que su silencio no requería mayores explicaciones, recordándole que el contexto no era el del Congreso.

Tras su decisión de no declarar, se realizó la vista para evaluar las medidas cautelares. Al igual que en precedentes instancias, la Fiscalía ha pedido mantener las actuales restricciones: prohibición de salir del país, retención del pasaporte y la obligación de firmar quincenalmente en el juzgado.

En cuanto a las acusaciones, la mayoría, salvo la agrupación ADADE, ha pedido el ingreso en prisión del exministro, aunque han solicitado que sea en un centro penitenciario diferente al de Soto del Real, donde actualmente se encuentra otro político del PSOE. Si no se ordena la prisión, las acusaciones han argumentado que se debe imponer la fianza de 650.000 euros.

Por su parte, la Fiscalía ha enfatizado que, aunque han aumentado los indicios en contra de Ábalos, no hay cambios en las circunstancias que justifiquen su ingreso en prisión provisional, destacando la relevancia de su papel como diputado, que limita el riesgo de fuga.

La defensa de Ábalos ha rechazado las demandas de las acusaciones, calificándolas de motivadas políticamente. Hasta la fecha, la única medida restrictiva efectiva en el ámbito político ha sido contra Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quien permanece en prisión provisional desde finales de junio.

La reciente comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo coincide con un informe de la UCO que identificó pagos irregulares superando los 95.000 euros, incluidos gastos personales de gran magnitud provenientes de fuentes de ingresos no declaradas.

El informe también destaca cómo se registraron transacciones en efectivo por parte del PSOE a favor de Ábalos. Algunas de estas transferencias tenían respaldo documentado, pero otras carecían de justificación, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los financiamientos recibidos.

En conversaciones captadas por la UCO entre el exasesor de Ábalos y su expareja, se revelaron indicios de que el exministro estaría utilizando métodos no claros para gestionar sus recursos económicos, lo que podría estar relacionado con delitos graves que se le imputan, según se detalla en el auto del magistrado encargado del caso.