La coalición Junts ha tomado una postura firme al rechazar la propuesta de reestablecer el impuesto sobre las energéticas, una medida que ha sido defendida por ERC y Bildu. En el mismo sentido, el PNV ha mostrado su desaprobación ante la sugerencia de Sumar de implementar un nuevo gravamen sobre la sanidad privada, lo que resalta las profundas divisiones que existen entre los miembros del bloque gubernamental.

Este jueves, la Comisión de Hacienda del Congreso se prepara para votar un ambicioso paquete fiscal que el Gobierno desea añadir al impuesto sobre multinacionales, en línea con las decisiones tomadas a nivel europeo. La situación presenta un desafío significativo para el PSOE, que busca encontrar un consenso en medio de las distintas opiniones dentro de su bloque de investidura.

El proyecto de ley en cuestión no solo tiene como objetivo transponer una directiva europea que establece un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales, sino que también incluye reformas fiscales adicionales, con nuevos impuestos en consideración y una revisión de los ya existentes. Esta reforma fiscal se presenta como una oportunidad única, dado que ninguna nueva imposición puede ser aprobada por decreto ley y la adopción de los Presupuestos para 2025 es incierta.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha propuesto crear nuevos gravámenes para el uso de vapeadores y tabaco, así como eliminar las bonificaciones sobre el diésel. También se prevé un rediseño del impuesto a la banca y la eliminación del impuesto energético, aunque aquí se han producido discrepancias significativas entre los partidos involucrados.

Junts, tras llegar a un acuerdo con el PSOE, ha decidido dejar de lado la reactivación del impuesto energético para no comprometer inversiones en la región de Tarragona. Por otro lado, ERC, Bildu y Podemos mantienen su posición de hacer permanente este gravamen, argumentando que las empresas del sector están obteniendo beneficios récord, como es el caso de Iberdrola. En paralelo, Sumar apoya la eliminación de exenciones fiscales dirigidas a seguros médicos, algo que ha generado el rechazo inmediato del PNV debido a su prevalencia entre la población trabajadora del País Vasco.

Es importante señalar que la reunión de la comisión prevista para el lunes tuvo que ser cancelada ante la evidente división entre los partidos, lo que llevó al Ejecutivo a decidir vetar ciertas enmiendas que podrían haber recibido apoyo, tales como la reducción del IVA para peluquerías o para productos de higiene íntima femenina.

Recientemente, PSOE y Sumar anunciaron su pacto fiscal, que también contempla un IVA del 21% aplicado a apartamentos turísticos y ajustes en la fiscalidad para Socimis, y medidas más estrictas dirigidas a yates, aviones privados y vehículos de lujo.

Hasta el momento, el proyecto ha superado solo la fase de ponencia en una reunión a puerta cerrada, en la que se han incorporado un limitado número de enmiendas técnicas del PSOE relacionadas con el impuesto mínimo global, sin abordar aspectos más controvertidos como los tributos a la banca y a las energéticas.

Ante las diferencias de criterio entre los socios de gobierno, el PNV ha indicado que es probable que el texto final que se apruebe en la comisión se limite a cuestiones del impuesto mínimo global, ya que esto facilitaría la tramitación parlamentaria. En palabras de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, “es lo más sencillo” en esta compleja situación.

Con este paquete fiscal, el PSOE pretende introducir una serie de medidas que incluyen el incremento de impuestos al tabaco, la creación de un gravamen para los vapeadores y reformas en el Impuesto de Sociedades, así como un incremento en la tributación de las rentas del capital.

Además, se contempla la eliminación de la bonificación que el diésel tiene en comparación con la gasolina, a partir del 1 de abril de 2025, aunque se mantendría exenta al gasóleo profesional. Se plantea la implementación de un mecanismo que ajustará la tributación si el precio del diésel supera determinados umbrales durante periodos consecutivos.

Las enmiendas socialistas, que se discutirán el lunes, también incluyen el requerimiento del pago anticipado del IVA para hidrocarburos, con el fin de combatir el fraude fiscal relacionado con la importación de estos productos.

Por otro lado, el PSOE busca realizar reformas en el Impuesto de Sociedades para revertir fallos del Tribunal Constitucional que anularon partes de reformas anteriores. Estas nuevas directrices establecerían límites para las deducciones a las grandes empresas, diferenciando entre aquellas con un volumen de negocio inferior y superior a 60 millones de euros.

Una enmienda relevante propuesta por el PSOE y discutida con Junts establece una reducción progresiva de este impuesto para empresas con ingresos anuales menores a un millón de euros. En vez del 23% actual, se propone un tipo del 17% para las primeras 50,000 euros de base imponible en 2027, y un 20% el año 2029 para el resto.

También se propone una enmienda que permitiría a las empresas deducir hasta un 20% del incremento de sus fondos propios, buscando así estimular la inversión y la capitalización empresarial.

Adicionalmente, se abordarán enmiendas que permitirían compatibilizar la percepción de pensiones por incapacidad permanente con trabajos que exijan la inscripción en un régimen de la Seguridad Social.

Por último, dentro de sus propuestas, el Grupo Socialista plantea un aumento en la tributación de las rentas del capital por encima de 300,000 euros, incrementándola del 28% al 29%. Además, se comprometen a impulsar a nivel europeo la modificación de la Directiva del IVA, buscando establecer un tributo para plataformas de arrendamientos turísticos, como Airbnb, en zonas afectadas por el exceso de oferta que dificulta el acceso a la vivienda. Este conjunto de iniciativas es conocido como el paquete ViDA (IVA en la Era Digital), y es considerado por el Gobierno como una prioridad.