El reciente arresto de Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición venezolana, ha generado un torbellino político en el país. Diosdado Cabello, ministro del Interior, confirmó la detención el viernes, acusándolo de encabezar un supuesto plan criminal con el fin de desestabilizar las inminentes elecciones regionales programadas para el 25 de mayo.

En una conferencia de prensa, transmitida a través de las redes sociales del Ministerio del Interior, Cabello reveló que las autoridades habían confiscado varios dispositivos electrónicos, así como cuadernos que contenían información sobre lo que calificó como "acciones terroristas" planificadas para llevarse a cabo.

Cabello también mencionó el hallazgo de granadas en Zulia, destinadas presuntamente a atacar estaciones policiales y otras infraestructuras críticas. Según sus alegaciones, la red de Guanipa incluía tanto a venezolanos como a extranjeros, organizados a lo largo de diversas regiones del país.

El ministro subrayó que la policía y otros organismos de seguridad han demostrado su capacidad operativa, señalando que "nadie es intocable" y reafirmando el compromiso de mantener la seguridad ciudadana y la integridad de los procesos electorales en Venezuela.

Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores, ha condenado firmemente el arresto, que ocurrió en un contexto de creciente tensión preelectoral. Han exigido la liberación inmediata de Guanipa, calificando su detención de un acto de secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El partido expresó su solidaridad con la familia de Guanipa en un comunicado, denunciando lo que consideran una escalada de violencia política. Aseguran que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de represión por parte del gobierno, que ha desatado una ola de arrestos a opositores justo antes de las elecciones.

Por su parte, Guanipa se manifestó en redes sociales, describiendo su arresto como un "secuestro" motivado por el temor del gobierno ante la resistencia y el activismo de la oposición. En su mensaje, destacó que había estado evitando confrontaciones con las fuerzas de seguridad debido a su preocupación por su seguridad personal.

Posteriormente, Guanipa emitió un video desde la prisión donde abogó por sus derechos y solicitó que se respetara el debido proceso. Reiteró su preferencia por no contar con una defensa pública, eligiendo a su abogado de confianza para manejar su caso, argumentando que cualquier imposición sería una violación de sus derechos garantizados por la Constitución venezolana.

El exiliado Edmundo González también comentó sobre la situación, indicando que este arresto ocurre en un momento de crisis y desconfianza hacia un proceso electoral que consideran carente de garantías. Expresó su preocupación por la cacería de líderes políticos y sociales en el país.

María Corina Machado, una figura prominente de la oposición, denunció lo que calificó de "terrorismo de Estado", haciendo hincapié en la valentía y la integridad de Guanipa, a quien considera un símbolo de resistencia dentro y fuera de Venezuela.

Desde el campo de los derechos humanos, Juan Pappier, representante de Human Rights Watch, alzó su voz para alertar sobre el incremento de arrestos arbitrarios en el país, citando a defensores de derechos humanos y miembros de la oposición entre los atrapados en esta red represiva.

Amnistía Internacional también se hizo eco de estas preocupaciones, demandando la liberación inmediata de todos los detenidos injustamente, y enfatizando que estos arrestos son parte de una política sistemática contra la disidencia política durante los procesos electorales.

En respuesta, la Fiscalía venezolana defendió el trato a Guanipa, asegurando que se han respetado sus derechos desde su captura, aun cuando lo consideran un "delincuente de gran envergadura". El Fiscal General insistió en la existencia de vínculos entre Guanipa y el narcotráfico, así como en planes para generar violencia y obstaculizar las elecciones.

Guanipa, exgobernador electo del estado de Zulia, enfrentó anteriormente desafíos durante su carrera política, incluyendo la anulación de su mandato tras negarse a tomar posesión ante la Asamblea Constituyente. Se le recuerda por sus intenciones de competir en las primarias de la oposición, aunque su candidatura no prosperó.