Diez años del acuerdo nuclear de 2015: una década sin avances y marcada por la tensión entre Israel e Irán.
El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), una iniciativa que prometía transformar las relaciones entre Irán y las potencias mundiales, atraviesa un momento crítico a medida que se cumplen diez años de su histórica firma. La salida de Estados Unidos en 2018 dejó al acuerdo sin piso, mientras el reciente aumento de las hostilidades, especialmente por parte de Israel, ha incrementado las tensiones en la región. En medio de estos eventos, el alto el fuego que se estableció el 24 de junio no ha logrado abrir las puertas a nuevas negociaciones.
Este acuerdo, forjado en 2015, simbolizó años de arduos diálogos entre Irán y el grupo P5+1 —que incluye a cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania—, con la mediación de la Unión Europea. El pacto fue visto como un avance hacia la aclaración de las inquietudes sobre el programa nuclear iraní y las supuestas aspiraciones militares de Teherán, un hecho que el país siempre ha negado.
Con la administración de Barack Obama y el liderazgo de Hasán Rohani, el PAIC estableció restricciones considerables al programa nuclear de Irán. Este acuerdo contemplaba inspecciones regidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cambio de la eliminación de sanciones impuestas a la nación persa por sus actividades nucleares, que siempre han estado bajo la mirada crítica de potencias occidentales, incluyendo a Israel.
El texto del acuerdo fue definido como un "punto de inflexión" por los firmantes, quienes aseguraron que su plena implementación contribuiría a la paz en la región y el mundo. En el preámbulo, Irán reafirmaba su compromiso de no desarrollar armas nucleares, respaldado por un edicto religioso del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que prohíbe tal actividad.
Dentro de los términos del pacto, Irán se comprometió a desmantelar una parte significativa de su programa nuclear y someterse a inspecciones rigurosas del OIEA. Historia de firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1970, Teherán buscó así disipar las dudas sobre su programa, que afirma que está concentrado en fines civiles, como la producción de energía y medicina.
El impulso para tales negociaciones surgió con la llegada de Rohani a la presidencia en 2013, quien priorizó el diálogo y aceptó limitar la producción de uranio altamente enriquecido, asegurando que las instalaciones en Fordo, Natanz y Arak fueran utilizadas únicamente para fines pacíficos.
El acuerdo estableció límites sobre el número y tipo de centrifugadoras que Irán podía utilizar, así como sobre el nivel de enriquecimiento y la cantidad de uranio que podía almacenar, todo bajo la supervisión de inspectores del OIEA responsables de emitir informes sobre su cumplimiento.
A cambio, la comunidad internacional accedió a levantar sanciones relacionadas con el programa nuclear, aunque otras sanciones permanecerían vigentes. Estas medidas se consideraron necesarias para atenuar la inestabilidad en Oriente Medio, sin embargo, algunos críticos cuestionaron la efectividad del acuerdo debido a las cláusulas de expiración que permitían que ciertas restricciones se levantaran después de un tiempo.
Críticas que se intensificaron tras la retirada de Estados Unidos en 2018, bajo la administración de Donald Trump, quien reimpuso sanciones a Irán y presionó a los otros participantes del acuerdo para que convencieran a Washington para reingresar. Irán, por su parte, comenzó a reducir gradualmente sus compromisos, dejando abierta la posibilidad de retomar el pacto si se cumplían las condiciones, aunque la llegada de Joe Biden a la presidencia no alteró esta dinámica.
El estancamiento en las negociaciones y la intensificación de las actividades nucleares de Irán llevaron a crecientes temores en Occidente, especialmente entre naciones como Israel. En un informe presentado por el OIEA en mayo, se acusó a Irán de violar sus compromisos nucleares por primera vez en dos décadas, lo que fue utilizado por Israel como justificación para una ofensiva militar intensa, que resultó en numerosas víctimas en ambos lados.
En un contexto donde las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ya estaban en curso para un nuevo acuerdo, los ataques aéreos complicaron aún más la situación. Aunque se logró establecer un alto el fuego dos días después, las negociaciones no se reanudaron y Irán aprobó una ley para suspender su colaboración con el OIEA, acusando al organismo de falta de transparencia en sus informes.
En la actualidad, con el panorama político enrarecido, las oportunidades de alcanzar un nuevo acuerdo que respete las garantías del PAIC original parecen más lejanas que nunca. Irán sostiene que cualquier avance en la normalización de relaciones debe conllevar el respeto a su derecho a mantener un programa nuclear civil.
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