El 17 de diciembre en Madrid, se ha escuchado una voz que demanda cautela y reflexión ante la compleja situación en Siria. Geir Pedersen, el enviado especial de la ONU para el país árabe, se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y subrayó que, a pesar de los cambios en el régimen de Bashar al Assad, el conflicto que ha devastado la nación aún no ha llegado a su fin.

Pedersen compartió su experiencia reciente en Damasco, donde se le informó que la situación de ley y orden ha mostrado una notable mejora, superando una breve fase de inestabilidad. Sin embargo, el enviado puntualizó que esta estabilidad es frágil, manifestándose en diversas áreas del país y especialmente en el noreste, donde continúan las hostilidades que atentan contra la vida de civiles, llevándolos a ser heridos y desplazados.

El economista noruego advirtió sobre las graves consecuencias del conflicto, que ha empujado al 90% de la población siria a vivir en condiciones de pobreza extrema. Esto plantea "enormes desafíos" que van más allá de la ayuda humanitaria inmediata, exigiendo un enfoque más amplio que aborde las necesidades fundamentales de reconstrucción y la necesidad de mediar en las sanciones impuestas.

Con un horizonte de esperanza en la reconstrucción del país, Pedersen enfatizó la urgencia de establecer un mecanismo que permita salir del estancamiento actual. No obstante, destacó que si la 'hoja de ruta' política fracasara, el país podría regresar a un ciclo de inestabilidad crónica. Para evitarlo, es esencial propiciar un proceso democrático que conduzca a la creación de una nueva Constitución, conforme a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El enviado de la ONU defendió la importancia de llevar a cabo elecciones "libres y justas" en las que todos los sirios puedan participar, advirtiendo que la transición política necesita ser vista como creíble e inclusiva, reflejando así la diversidad de la sociedad siria y fomentando la confianza pública, un deseo claramente expresado por los propios ciudadanos.

Aparte de los aspectos políticos, Pedersen instó a la comunidad internacional a asegurar la preservación de las pruebas y materiales relacionados con las detenciones durante el mandato de Al Assad, así como con los sitios que albergan fosas comunes. Subrayó que es fundamental garantizar el derecho de las víctimas y de sus familias a conocer la verdad y a obtener justicia, un tema de vital importancia en la búsqueda de sanación en un país desgarrado por la guerra.

El contexto de la reciente ofensiva en Siria, que comenzó el 27 de noviembre en la provincia de Idlib, ha coincidido con el avance de yihadistas y rebeldes que han logrado debilitar el régimen de la familia Al Assad, quien ha gobernado desde 1971. Este cambio significativo se produce en medio de la retirada progresiva de las fuerzas gubernamentales, apoyadas por potencias externas como Rusia e Irán, lo que añade otra capa de complejidad a la ya agitada situación del país.