En el marco del controvertido 'caso Koldo', el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido fragmentar la investigación para centrarse en una línea específica sobre las acusaciones de cobro de comisiones por parte de funcionarios en relación con la obra pública. Al mismo tiempo, se continuarán indagando las presuntas irregularidades en el suministro de material sanitario durante la crisis provocada por la pandemia.

El magistrado ha instruido la creación de una pieza separada para ahondar en las alegaciones de corrupción vinculadas a la obra pública, manteniendo en calidad de imputados a figuras destacadas como el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como a su exasesor Koldo García, al supuesto intermediario Víctor de Aldama y a varios empresarios del sector de la construcción, incluyendo a José Ruz y los hermanos Fernández Menéndez.

En su análisis, Puente multidimensiona las obras en cuestión, diferenciando entre las que fueron promovidas a favor de Acciona Construcción y aquellas de menor relevancia que, supuestamente, estaban bajo la dirección de Cerdán, donde De Aldama no habría tenido ningún papel, en comparación con otras obras menores que se gestionaban por el equipo de Ábalos, García y De Aldama, desligando así a Cerdán de esta última esfera.

La decisión de dividir el caso responde a que el segmento relacionado con la obra pública aún está en una fase inicial, a diferencia de las otras líneas de investigación que están más avanzadas y que, según anticipa el juez, podrían concluir pronto su fase de instrucción.

Asimismo, la parte principal del caso incluye otros eventos ajenos a la adjudicación de proyectos de obra pública, como la controversia en torno a la asignación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión, asociada a De Aldama, para el suministro de mascarillas durante la crisis sanitaria. De Aldama, Ábalos y Koldo figuran como imputados en estos hechos también.

Entre las pruebas que se están analizando, Puente apunta a que Koldo, con el conocimiento y la aprobación de Ábalos, habría utilizado su influencia para facilitar encuentros entre De Aldama y diversos altos funcionarios, asegurando así que ciertos intereses se beneficiaran de acciones promovidas desde el Ministerio de Transportes.

Las irregularidades identificadas incluyen la publicación de una nota de prensa que respaldaba la financiación pública de Air Europa, gestiones en favor de Villafuel para facilitar la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos y una reunión entre De Aldama y Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete del ministro de Hacienda, que tenía como objetivo postergar una deuda tributaria de una de las empresas vinculadas al presunto intermediario.

Además, Puente señala que los hechos delictivos también abarcan la designación arbitraria de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, señalando que Rodríguez, en particular, recibió salarios sin desempeñar efectivamente ninguna función laboral.

Finalmente, el juez expresa que el caso ha llegado a un punto donde se pueden delinear dos grandes grupos de conductas que podrían constituir delitos penales, diferenciados por su relación, o falta de ella, con las adjudicaciones inapropiadas de obra pública dentro del Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos.