En un paso significativo hacia la justicia climática, el Tribunal Constitucional de España ha decidido admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Greenpeace, junto a otras organizaciones, en respuesta a la controvertida decisión del Tribunal Supremo de desestimar sus impugnaciones contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Según fuentes legales que han hablado con Europa Press, la Sala Segunda del TC ha considerado relevante la revisión del recurso, lo que sugiere que se espera un pronunciamiento en forma de sentencia sobre la cuestión central en el futuro. Esta decisión marca un hito en la lucha por un enfoque más riguroso y efectivo en la política climática de España.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONGs para el desarrollo, demandan la anulación parcial del PNIEC, específicamente en lo que respecta a los objetivos establecidos para limitar el aumento de temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Asimismo, exigen que las reducciones de emisiones para el año 2030 sean, al menos, del 55% en comparación con los niveles de 1990.

Este movimiento no es aislado; ya en 2020, estas ONG habían llevado al Gobierno a los tribunales por su supuesta "inactividad" frente a la crisis climática. Cuando el Ejecutivo presentó su plan un año después, suscritos al compromiso de la Unión Europea, las organizaciones lo impugnaron argumentando que no cumplía con las expectativas necesarias. A pesar de sus objeciones, el Tribunal Supremo decidió validar el plan, argumentando que se alineaba con los compromisos adoptados por la Unión Europea en esta área.

En julio de 2023, el alto tribunal desestimó el recurso de Greenpeace y demás ecologistas, sosteniendo que el Plan Nacional era "ajustado a derecho, no arbitrario y se enmarca en el compromiso asumido por la Unión Europea". Esta postura se ratificó con el argumento de que la decisión del Gobierno español de integrar los criterios europeos no podía ser considerada arbitraria, resaltando que esta dirección política se encuentra dentro del ámbito del ejercicio legítimo de la Constitución.