En un momento crucial para el futuro legal de la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una respuesta significativa al admitir a trámite dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta decisión fue anunciada el 17 de diciembre y también incluye la aceptación de los recursos presentados por varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como por el socialismo de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

El Pleno del TC ha revisado los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los gobiernos de Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, además de aquellos presentados por los parlamentos de Cantabria y Murcia. Esta amplia aceptación de los recursos pone de manifiesto el marco de tensión política en el que se encuadra la ley de amnistía, que busca brindar una salida a los conflictos derivados del 'procés' catalán.

En una acción que valida la intervención de las autonomías en cuestiones de peso sobre el ordenamiento jurídico nacional, el TC ha seguido el mismo camino que con el precedente recurso de inconstitucionalidad impulsado por las Cortes de Aragón, que también fue admitido a trámite. Los magistrados del TC decidieron, por unanimidad, que las comunidades autónomas tienen legitimidad para impugnar la ley de amnistía, un hecho que podría tener repercusiones importantes en el sistema político español.

Es relevante recordar que el primer recurso de inconstitucionalidad relacionado con la ley de amnistía fue presentado por diputados del Partido Popular, lo que señala una vez más la divisoria que esta normativa ha creado en el ámbito político español. La ley busca perdonar los delitos asociados al ‘procés’ y su aceptación por parte del TC revela las intensas disputas jurídicas que giran en torno a este tema.

Durante la misma sesión del Pleno, se determinó que de las tres cuestiones de inconstitucionalidad del TSJC, solo dos fueron admitidas, mientras que una ha quedado en un estado de espera. Esta última ha sido remitida al fiscal ya que surgió al mismo tiempo que una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que complica aún más el proceso judicial en esta materia.

Como conclusión de este Pleno, que representa el cierre de las actividades del TC para el presente año, todos los asuntos vinculados a la amnistía han sido admitidos, salvo la cuestión pendiente del TSJC. Esto significa que la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía no se espera antes de 2025, según han indicado fuentes del tribunal, lo que deja un horizonte incierto para la política española y sus implicaciones en el conflicto catalán.