El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe alarmante que revela que hasta nueve entidades públicas del Grupo Patrimonio, bajo el ala del Ministerio de Hacienda, no han proporcionado justificaciones adecuadas sobre la idoneidad y los méritos de sus directivos en el proceso de nombramientos.

El Grupo Patrimonio, que se sitúa dentro del ámbito del Sector Público empresarial estatal, agrupa una variedad de empresas públicas que operan en sectores no industriales. Estas entidades están diseñadas para implementar políticas públicas específicas y ejercer funciones al servicio de los distintos departamentos gubernamentales a los que están conectadas.

El informe del Tribunal abarca la revisión de las prácticas de recursos humanos en estas empresas entre 2016 y 2017 y ha resultado en una serie de recomendaciones que se han extendido hacia las 16 compañías del grupo. Ahora, el tribunal ha revisado el cumplimiento de dichas sugerencias.

Según la evaluación realizada por Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal, hasta septiembre de 2025 las empresas han mostrado un cumplimiento limitado, con un número considerable de recomendaciones aún pendientes de aplicación.

A nivel general, el informe indica que solo un 36% de las sugerencias han sido atendidas de manera total o sustancial, destacando que los problemas en la gestión del personal de alta dirección son evidentes. Las dificultades se centran en la falta de criterios claros y en procesos de selección que garanticen transparencia y equidad.

Una de las recomendaciones más significativas, respaldada por la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, exige que los nombramientos de los altos directivos se fundamenten en justificaciones claras que detallen la idoneidad y los méritos de los candidatos.

Entre las entidades que han fallado en cumplir esta recomendación se incluyen Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, y Senasa, así como varias otras como Acuaes y Segipsa, entre otras.

Sin embargo, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) trabaja para implementar la recomendación, mientras que otras como Expasa Agricultura y Ganadería han logrado un cumplimiento parcial. Algunas entidades como el Canal de Navarra y Rumasa quedan exentas de esta recomendación debido a la falta de personal directivo.

Las únicas que han satisfecho el requerimiento del Tribunal son Acuamed, Segittur y Seitt, esta última nombró en 2024 a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, como nuevo director general.

Es preocupante que ninguna de las empresas del grupo haya alineado las nóminas de su personal directivo con lo establecido en los contratos y que no se redacten contratos ajustados a los modelos proporcionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, lo cual es esencial para asegurar derechos, como lo son los trienios para funcionarios.

El informe sugiere que Paradores mejore su proceso de selección de personal temporal, estableciendo bolsas de trabajo mediante convocatorias públicas, además de simplificar y hacer más transparente la remuneración de su personal, alineándola a las funciones desempeñadas.