El Tribunal Supremo ha emitido un mandato urgente a la Administración General del Estado, exigiendo que cumpla con su decisión de marzo en un plazo de 15 días como máximo. Esta resolución busca asegurar que se garantice el acceso y la permanencia en el sistema de acogida para mil menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo en las Islas Canarias.

La decisión del Tribunal surge en respuesta a una denuncia presentada por el Gobierno de Canarias, que advirtió sobre la persistente crisis de hacinamiento que afecta a los menores en las instalaciones de la administración regional.

Los jueces han señalado que asisten a razón al Gobierno canario en su queja sobre la considerable tardanza en atender esta situación. Por ello, han exigido que se tomen acciones dentro del plazo estipulado, sin posibilidad de justificaciones o excusas por parte de la administración estatal.