La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido un pronunciamiento que podría marcar un giro significativo en el balance de poderes, al considerar que las órdenes de paralización judicial emitidas por tribunales federales son un uso excesivo de su autoridad.

En una decisión que favorece a la Administración Trump, el alto tribunal limitó las capacidades de los jueces federales para bloquear las órdenes ejecutivas del presidente, lo cual se traduce en una de las victorias legales más destacadas desde su llegada a la Casa Blanca en su segundo mandato.

Desde hace meses, Trump ha estado denunciando las "medidas cautelares a nivel nacional" que varios tribunales le han impuesto, especialmente en temas controvertidos como la migración. Tales medidas han suspendido deportaciones y la expulsión de migrantes acusados de pertenecer a organizaciones criminales asociadas al terrorismo, como sucede con algunas de las políticas relacionadas con el penal CECOT en El Salvador.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso revela que entre el 20 de enero y el 29 de abril, se registraron al menos 25 casos en los que jueces federales emitieron órdenes judiciales de alcance nacional. Estos casos abarcan conflictos sobre diversas áreas, desde la asignación de fondos federales hasta temas de diversidad, equidad e inclusión y el trascendental asunto de la ciudadanía por nacimiento, que sigue siendo objeto de debate tras esta reciente decisión del Tribunal Supremo.

El dictamen, disponible en la página web del tribunal, establece que, según la mayoría conservadora, liderada por la jueza Amy Coney Barrett, si un tribunal establece que el Ejecutivo ha actuado de manera ilegal, no se justifica que el propio tribunal actúe más allá de sus competencias.

La magistrada expresó en nombre de los jueces conservadores que “los tribunales federales no desempeñan un papel de supervisión general sobre el poder ejecutivo”, limitándose a resolver los casos que les corresponden según la legislación del Congreso. Esto fue objeto de disenso por parte de los jueces más progresistas del tribunal, conducidos por la jueza Sonia Sotomayor.

Sotomayor reaccionó con firmeza, señalando que “el presidente ha convertido nuestra Constitución en una mera formalidad”. La jueza acusó a sus colegas de ceder ante la presión del mandatario en lugar de mantener una postura firme en defensa de los principios constitucionales.

En redes sociales, Trump celebró lo que describió como una "gran victoria", asegurando que también beneficiará la agenda de su administración, que busca desmantelar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, también expresó su júbilo ante la decisión, interpretándola como un freno al "infinito caudal de órdenes judiciales" que han dirigido a Trump desde varios frentes judiciales.

Bondi, en un mensaje en X, agradeció el esfuerzo de lo que calificó como "nuestros valiosos abogados del Departamento de Justicia", y reafirmó el compromiso de la oficina de continuar defendiendo las políticas de la administración y su autoridad para implementarlas.