El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox de suspender el debate de investidura mientras estudia si admite a trámite la querella presentada por la formación contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts. Vox acusa a estos políticos de cometer delitos como cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos durante las negociaciones para la investidura del presidente en funciones.

La Sala de lo Penal ha argumentado que no existen elementos que justifiquen la suspensión del debate de investidura. Esta decisión se produce después de que Vox presentara una querella de 97 folios solicitando la suspensión del debate programado para esta semana en el Congreso de los Diputados.

El Supremo ha designado al magistrado Eduardo de Porres como ponente y ha dado un plazo de cinco días a Vox para que presente un poder especial indicando contra quién va dirigida la querella y el delito.

En su querella, Vox argumenta que es necesario suspender el debate de investidura de Pedro Sánchez porque consideran que la ley para amnistiar una década del 'procés', incluida en el acuerdo entre el PSOE y Junts, supondrá una intromisión en las funciones constitucionales de jueces y tribunales, así como una violación de la igualdad ante la ley y de la tutela judicial efectiva.

La formación asegura que el sistema democrático está en peligro y que es urgente tomar medidas al respecto. Además, afirma que si se suspende el debate, no se perjudicará al Estado de Derecho y a la democracia, ya que en ese caso se convocarían nuevas elecciones.

Ahora, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella, después de rechazar la suspensión cautelar del debate de investidura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su confianza en que los magistrados utilicen todas las herramientas legales disponibles para detener lo que él considera un golpe.

En cuanto al fondo del asunto, Vox solicita la realización de varias diligencias como parte de la investigación contra Sánchez, Puigdemont y sus respectivos partidos. Además de pedir la declaración de los querellados, la formación quiere que se cite como testigos a diversas personas, entre ellas el presidente del CGPJ, el ministro de Presidencia, el secretario de organización del PSOE y el ministro de Interior, entre otros.