En un reciente desarrollo del 'caso Koldo', el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Santos Cerdán, exdirigente del PSOE, quien busca su liberación tras meses de prisión preventiva. La decisión se basa en la falta de "pruebas relevantes", acaso necesarias para poner fin a su confinamiento, y revela una preocupación por el riesgo de que Cerdán altere o destruya evidencias relacionadas con los gravísimos delitos de los que se le acusa.

Este pronunciamiento del magistrado llega después de que Cerdán intentara impugnar la medida de prisión sin fianza, dictada en junio, argumentando que ya existen suficientes elementos para su defensa. Sin embargo, Puente señala que aún no se han encontrado las pruebas cruciales que verifiquen su inocencia y que su situación se mantiene en riesgo de interferencia con la investigación.

El juez ha enfatizado que existen sospechas que apuntan a Cerdán como una figura clave en el entramado de corrupción vinculado a la manipulación de contratos públicos, sugiriendo que podría ser el responsable de gestionar los pagos y distribuir el dinero entre sus cómplices. Esta conexión le otorga una posición privilegiada desde la cual podría poner en jaque la integridad del proceso judicial.

A pesar de las protestas de su defensa, que alegan que su encarcelamiento podría tener repercusiones en la representación política en el Congreso, el magistrado ha dejado claro que la reciente dimisión de Cerdán como diputado se alinea con una responsabilidad cívica ante la gravedad de las imputaciones que enfrenta. Para Puente, es esencial que nadie acusado de tales delitos ocupe un cargo público con tan alta responsabilidad mientras continúa la investigación.

En la búsqueda de justicia, el juez reafirma la importancia de preservar la integridad de la investigación y la necesidad de encontrar las pruebas relevantes que actualmente se están buscando con "intensidad", dejando claro que la defensa de Cerdán aún no ha proporcionado los elementos necesarios para rebatir la medida cautelar impuesta. La batalla legal continúa y la atención sobre el caso se intensifica en un contexto político ya de por sí frágil.