En el marco del Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, celebrado este miércoles, se ha dado a conocer un alarmante informe sobre las sentencias dictadas en España durante 2024. Un total de 42 resoluciones se emitieron en relación con este crimen, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. De ellas, 38 se referían a la explotación sexual y 4 a la explotación laboral, con 30 de estas sentencias resultando en condenas.

Las cifras revelan que, de las 30 sentencias condenatorias, 28 estaban ligadas a casos de trata con fines de explotación sexual, lo que pone de manifiesto la gravedad y prevalencia de este delito en la sociedad actual.

Esther Erice, presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha hecho un llamado urgente a intensificar los esfuerzos en la lucha contra este "crimen execrable" que sigue escondido en la oscuridad. "El verdadero número de víctimas es significativamente mayor que el que se refleja en los juzgados", advirtió, subrayando la necesidad de una respuesta penal más robusta a nivel global.

En términos judiciales, el Tribunal Supremo emitió seis sentencias en 2024 sobre la trata de seres humanos, confirmando los fallos de instancias previas, con cinco casos vinculados a la explotación sexual. Por otro lado, la Audiencia Nacional dictó una única sentencia condenatoria en relación a la explotación sexual.

Los Tribunales Superiores de Justicia también contribuyeron al panorama con 12 sentencias, de las cuales 11 se enfocaron en la explotación sexual, y 9 de estos fallos confirmaron condenas anteriores. Asimismo, las Audiencias Provinciales llevaron a cabo 23 resoluciones, de las cuales 21 estaban relacionadas con la explotación sexual.

Erice señaló que la trata con fines de explotación sexual es un ataque directo a los Derechos Humanos, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas, representando el 95% de las víctimas. Este alarmante dato resalta la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva de género y justicia social.

La Ley Orgánica que establece medidas de eficiencia en el Servicio Público de Justicia otorga competencias a las Secciones de los Tribunales de Instancia en los delitos de trata de seres humanos. Erice ha confirmado que el Observatorio se alineará con los esfuerzos de judiciales para combatir esta forma de violencia, enfatizando que “la respuesta a este delito sigue siendo insuficiente, y es momento de actuar con firmeza y determinación".