La iniciativa del PSOE para desmantelar organizaciones que realicen "apología del franquismo" permanece estancada en el Congreso desde diciembre.

En este contexto, Esquerra Republicana (ERC) ha exigido que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparezca el miércoles ante la Cámara para discutir la prolongada inacción del Gobierno respecto a la disolución de la Fundación Franco, a pesar de que han pasado casi dos años y medio desde la implementación de la nueva ley de memoria.

El diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal, es quien ha propuesto interpelar a Torres sobre las razones por las que esta fundación sigue operativa, cuando la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece que organizaciones de este tipo pueden ser disueltas si no persiguen un interés general o si actúan en contra de este.

La ley establece que se considera "contrario al interés general" cualquier tipo de apología del franquismo que glorifique el golpe de Estado o la dictadura, así como cualquier expresión que menoscabe la dignidad de las víctimas de estos sucesos o que incite al odio o la violencia contra ellas.

En junio pasado, el Gobierno inició un proceso para reunir información que permita el comienzo del procedimiento judicial que podría llevar a la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, aunque este proceso está en manos del Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun.

El procedimiento se está llevando a cabo en tres etapas; la primera, arrancada en junio, consiste en solicitar informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro Estatal de Fundaciones.

Una vez que se recopile esta información, se pasará a la segunda fase, en la que se abrirá oficialmente el expediente y se notificará a la fundación para que presente alegaciones. Finalmente, se solicitará un dictamen a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaborará una resolución que será sometida a la decisión de los jueces.

Además, en octubre, el Pleno del Congreso aceptó tramitar una iniciativa presentada por el PSOE para modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, que incorpora la apología del franquismo como causa para la disolución de estas entidades.

Esta proposición avanzó su tramitación con un único voto en contra de Vox, que posteriormente intentó presentar una enmienda de totalidad, la cual fue desestimada. A pesar de que se registraron enmiendas parciales en diciembre, la ponencia aún no ha sido convocada para discutirlas, a tres meses de su registro.

La propuesta busca dar cumplimiento a otro apartado de la Ley de Memoria Democrática, que mandaba reformar la ley de asociaciones en este sentido y que debía implementarse antes de octubre de 2023.

El texto del PSOE subraya que la apología del franquismo podrá manifestarse tanto por la exaltación del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura subsiguiente, como por la defensa de sus líderes, siempre en detrimento de la dignidad de las víctimas de esos eventos o mediante la incitación al odio y la violencia contra ellas por su condición de tales.

La disolución de estas entidades deberá realizarse mediante un fallo judicial y será responsabilidad del Ministerio Fiscal ejercer la acción en estos casos. Además, la ley del PSOE esclarece que la causa de disolución se aplicará independientemente de los objetivos teóricos y las actividades registradas en los estatutos de la asociación, así como si ha cumplido o no con el deber de inscripción, dado que esta última solo tiene efectos publicitarios.