En el contexto actual de la migración, España se enfrenta a un desafío significativo, ya que hasta agosto de 2025 se han contabilizado 15.399 niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con los registros de diciembre de 2018, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, que fue divulgada a través de una respuesta parlamentaria citada por Europa Press.

Los datos indican que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) documentaba 13.796 casos el 31 de diciembre de 2018. Al 31 de agosto de 2025, este número ha crecido hasta los 15.399, lo que revela una tendencia preocupante en la llegada de menores sin la compañía de un adulto responsable.

Esta situación ha sido resaltada en una serie de preguntas formuladas por el partido Vox, que busca claridad sobre la cantidad de menores que han ingresado al país de manera irregular y cuántos han sido repatriados, entre otros aspectos relevantes. Estos interrogantes reflejan una inquietud creciente sobre la influencia de la migración en la sociedad española.

El Ejecutivo ha aclarado que el registro en cuestión se actualiza de manera automática y continua, adaptándose a diversos factores que pueden afectar el estatus de los menores. Así, es difícil establecer con certeza cuántos niños han dejado de ser considerados menores desde junio de 2018, enfatizando la naturaleza dinámica de la situación migratoria.

En cuanto a la identificación y protección de estos menores, el Gobierno ha recordado que estas acciones están reguladas por una serie de leyes que garantizan sus derechos. Recientemente, se aprobó un Real Decreto que introduce medidas adicionales para gestionar situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Este marco tiene como objetivo asegurar una atención integral y facilitar la colaboración entre comunidades autónomas para proteger a los menores.

El Gobierno también ha reafirmado que todas las intervenciones relacionadas con los menores están guiadas por principios fundamentales como el interés superior del menor, la igualdad y la no discriminación. Se busca proporcionar una atención adecuada que responda a las necesidades específicas de cada niño o adolescente migrante.

Un punto importante que ha sido destacado es la realización de pruebas médicas destinadas a determinar la edad de los menores, las cuales deben llevarse a cabo con el consentimiento informado del afectado. Se hace hincapié en que estas pruebas deben respetar la dignidad de los menores y no incluir procedimientos invasivos o que puedan comprometer su salud.

En el ámbito de la política migratoria, el Gobierno se mantiene firme en su enfoque preventivo, que se apoya en la cooperación internacional y en la lucha contra redes delictivas. Esta estrategia busca establecer un modelo de gobernanza integral, alineado con el nuevo marco europeo para la gestión de la migración.

Finalmente, respecto a las inquietudes sobre extranjeros que podrían haber ingresado a España como si fueran menores, el Gobierno ha señalado que la pregunta carece de fundamento, ya que si están registrados, se consideran menores y no hay lugar a especulaciones sobre su edad en ese contexto.