Madrid, 23 de septiembre. En un alarmante informe publicado por Greenpeace, se ha revelado que España ocupa el tercer puesto en la lista de exportadores de plaguicidas prohibidos dentro de la Unión Europea, superada solo por Alemania y Bélgica. En 2024, nuestro país dio luz verde para la exportación de cerca de 12.900 toneladas de estos pesticidas, comparado con las 5.200 toneladas en 2018, cuando se comenzaron a recopilar datos completos.

La ONG destaca que el volumen de plaguicidas exportados el año pasado se multiplicó por 2.5 en comparación con años anteriores, lo que supone un incremento alarmante que no puede ser pasado por alto. Esta información se deriva de una investigación conjunta realizada por Unearth y Public Eye, que ha puesto de manifiesto cómo los residuos químicos perjudiciales se están trasladando a terceros países.

Greenpeace ha conseguido acceder a documentos gracias a la legislación de acceso a la información, y ha encontrado que España ha notificado planes de exportación que incluyen un total de 22 sustancias químicas que han sido prohibidas en su uso local debido a los riesgos que presentan para la salud humana y el medio ambiente. Curiosamente, la cifra actual es casi tres veces mayor en términos de sustancias prohibidas en comparación con 2018.

Entre los pesticidas autorizados para la exportación se encuentran productos alarmantes, como un fungicida que se ha clasificado como perjudicial para el desarrollo fetal, y un insecticida que ha sido vinculado a daños cerebrales en niños. Además, se destacan los controversiales insecticidas neonicotinoides, que se asocian a la mortalidad de las abejas, y un fumigante que ha sido prohibido desde 2007 debido a su potencial para contaminar aguas subterráneas.

Helena Moreno, coordinadora de la campaña de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace, ha levantado la voz contra esta situación, demandando que el Gobierno español cambie su postura y abogue más activamente en la búsqueda de soluciones. Moreno enfatiza la necesidad de que la Comisión Europea cumpla su promesa de establecer una prohibición conjunta de este comercio tóxico, denunciando que no es aceptable que el afán de ganancias de la industria química prevalezca sobre la salud pública y el bienestar ambiental, especialmente en países en desarrollo.

La investigación revela que el 49% de los plaguicidas dañinos exportados desde España en 2024 fueron dirigidos a naciones con ingresos bajos o medios, como Marruecos, Brasil, Sudáfrica, Guatemala y Ucrania, donde el uso de estas sustancias altamente peligrosas representa un riesgo significativo para la salud pública.

“Nos enfrentamos a una hipocresía flagrante”, sostiene Moreno. “Hemos eliminado estos pesticidas de nuestros campos porque constituyen un peligro auténtico para las personas y el medio ambiente, pero permitimos que nuestras empresas los exporten, arriesgando la salud de campesinos, comunidades rurales y ecosistemas en otras partes del mundo”.

Uno de los plaguicidas más preocupantes en esta lista es el 1,3-dicloropropeno (1,3-D), un fumigante de suelo que ha sido prohibido desde 2007 por su riesgo de contaminar recursos hídricos y afectar la vida silvestre. En 2024, se notificó la exportación de casi 9.800 toneladas de este pesticida, con la mayor parte de estas notificaciones realizadas por la compañía Teleos, aunque otras empresas como Agroquímicos de Levante y Tris también están involucradas.

Además, se resalta que la multinacional estadounidense Corteva ha informado sobre la exportación de 1.600 toneladas de picoxistrobina a Brasil en 2024. Este fungicida había sido prohibido en Europa en 2017 por sus efectos nocivos sobre la fauna y la posible alteración del ADN humano. Estas exportaciones implican que se envían sustancias químicas que luego serán mezcladas en plaguicidas destinados a su venta en el país receptor.

Otros plaguicidas que se han notificado para su exportación incluyen el clorotalonil, que fue prohibido en la UE en 2019 por su potencial para contaminar aguas subterráneas y su vínculo con el cáncer, y el clorpirifós, un pesticida que se prohibió en 2020 debido a pruebas que indican su relación con efectos adversos en el desarrollo neurológico de los niños.

Greenpeace concluye que los datos recabados en esta investigación proceden de las notificaciones de exportación que las empresas deben presentar para obtener autorización. Es importante tener en cuenta que estas cifras reflejan cantidades estimadas, que pueden diferir de los volúmenes realmente exportados.