El pasado 17 de febrero, en Madrid, se ha dado un paso significativo en un caso que ha captado la atención mediática y pública. La defensa de la exconcejal de Móstoles ha interpuesto una querella ante el Tribunal de Instancia local, dirigida contra el alcalde Manuel Bautista y el Partido Popular (PP) a nivel nacional. Esta acción legal alega una serie de delitos graves, que incluyen acoso sexual, acoso laboral, infracciones contra la integridad moral y coacciones, entre otros.

La historia comenzó a tomar forma en el medio 'El País', que reveló hace dos semanas que la exedil había presentado una denuncia interna dentro de su partido sobre el acoso sexual y laboral del que supuestamente fue víctima por parte del alcalde. Sin embargo, hasta ahora no ha obtenido el respaldo necesario. Bautista, por su parte, ha negado las acusaciones, afirmando que no reflejan la "verdad de los hechos”.

En medio de la controversia, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se pronunció en una rueda de prensa, indicando que el partido consideraría la posibilidad de iniciar acciones legales contra la exconcejal. Según él, su accionar había sido motivado por “mala fe” y la intención de crear pruebas fabricadas en lo que calificó como una "vendetta personal", tras la grabación de conversaciones relacionadas con las denuncias de acoso.

El abogado Antonio Suárez-Valdés, quien representa a la demandante, describió el caso como “un procedimiento de alta complejidad técnica”. Resaltó que gran parte de los episodios denunciados ocurrieron en la privacidad de la víctima y su presunto acosador, complicando aún más la situación, especialmente debido al borrado de correos electrónicos oficiales de la agraviada.

La querella, según se indica, está respaldada por un sólido conjunto de pruebas que se pretende utilizar para demostrar, en primer lugar, que el alcalde solicitó favores de índole sexual a la exconcejal. Además, se argumenta que, ante el rechazo por parte de ella, se desarrolló un patrón sistemático de acoso y abuso de su posición jerárquica, con la intención de aislar y desestimar a la mujer en su vida profesional.

A la par de las acusaciones de acoso, el abogado también señala la falta de respuesta apropiada de los mecanismos internos de protección disponibles para la víctima, lo cual ha llevado a la exedil a buscar justicia en la esfera penal, algo que inicialmente intentó evitar.

El abogado subraya que "el silencio y la inacción de las instituciones frente a los abusos de poder se convierten en una forma más de revictimización". Junto a esto, aduce que la ineficacia en la implementación de protocolos de protección contra el acoso podría llevar a la responsabilidad penal de las organizaciones implicadas, conforme con lo que estipula el código penal.

Finalmente, el letrado ha expresado que la materia ya se encuentra bajo la jurisdicción judicial, acompañada del correspondiente compilado probatorio, destacando que es el momento propicio para que la justicia tome cartas en el asunto. "Nos comprometemos a que este proceso se lleve a cabo con el máximo rigor legal", concluyó para reafirmar su confianza en el sistema judicial.