Desde 2016, los ciudadanos marroquíes han representado el 41% de todas las detenciones en España relacionadas con el yihadismo, y en el último año, 15 menores de edad fueron arrestados en el contexto de esta problemática.

Este informe, presentado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ofrece un panorama sobre las actuaciones de las autoridades españolas en relación con la expulsión de individuos extranjeros vinculados con el yihadismo, considerados por el Gobierno como amenazas a la seguridad del país.

Entre los casos relevantes se encuentra el de un argelino expulsado en abril tras haber sido confidente de la Ertzaintza. A pesar de haber sido detenido en 2018 y condenado, el Tribunal Supremo lo absolvió gracias a los informes favorables de la policía vasca, aunque posteriormente fue considerado un peligro para la seguridad nacional.

En el mismo mes, también fue expulsado Said Ben Iazza, uno de los tres condenados por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña. Este individuo había proporcionado apoyo logístico a la célula yihadista responsable de los ataques, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas decisivas en su contra.

El informe detalla además la expulsión de Said Lachhad, un ciudadano marroquí que había cumplido una condena de siete años por haber combatido en Siria con grupos yihadistas. Su regreso a España estuvo marcado por su intento de reclutar nuevos terroristas, lo que llamó rápidamente la atención de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, en marzo, la policía arrestó a Nouh Mediouni, un argelino que fue liberado previamente tras cumplir condena por su vinculación con Al Qaeda, y que fue posteriormente expulsado a su país de origen. En junio, otro marroquí, Mohamed Harrak, fue detenido en Mallorca por sus presuntos vínculos con el yihadismo y, a pesar de ser absuelto, la Audiencia Nacional aprobó su expulsión.

En agosto, se registró la expulsión de un individuo de Gelida, quienes las autoridades consideraron una "grave amenaza" por su comportamiento violento y sus actitudes de odio hacia ciertos grupos. Por último, en septiembre, un grupo de 13 delincuentes con antecedentes variados fue expulsado desde Tarragona, reflejando la disposición del Gobierno para abordar este tipo de amenazas.

El análisis del Centro Memorial también revela un aumento en las detenciones, donde los ciudadanos españoles han liderado las cifras en 2024, seguidos de cerca por los marroquíes, lo que refleja una tendencia preocupante en la actividad yihadista en el país.

Del total, un 37% de las detenciones corresponde a ciudadanos españoles, mientras que el 31% son marroquíes. En comparación con otros países, como Argelia, Siria y Pakistán, la presencia de estos dos grupos es claramente significativa en las estadísticas.

El informe también revela que el 37% de los arrestados participaban en actividades de propaganda y en la promoción de la violencia yihadista, mientras que un 22,2% estaba vinculado a la preparación de atentados. Llama la atención el hecho de que el 12,3% de los arrestados buscan reclutar nuevos miembros para sus causas extremistas.

Uno de los hallazgos más alarmantes es el incremento de la participación de menores en esta dinámica. En 2024, se registraron 15 arrestos de jóvenes, un número que supera a todos los detenidos en los siete años anteriores y que evidencia una alarmante tendencia en la radicalización temprana.

Adicionalmente, ocho de los arrestados este año eran mujeres, un número similar al del año anterior. Desde 2015, el total de mujeres detenidas asciende a 52, representando el 8,84% del total de capturas, lo cual demuestra que este fenómeno no respeta género ni edad, convirtiéndose en un reto social de primer orden.