En Madrid, las feministas de la Comisión 8M han expresado su indignación este miércoles ante lo que consideran un claro ejemplo de la injusticia patriarcal y clasista en el sistema judicial. La liberación provisional bajo fianza de Dani Alves, quien está condenado por violación a cuatro años de prisión y seis meses, ha generado un fuerte debate sobre el trato diferencial que reciben las personas con recursos económicos.

Según la Comisión 8M, la capacidad de Alves para esperar su sentencia en casa en lugar de la cárcel demuestra que la justicia no solo favorece a los hombres, sino también a aquellos con dinero. Esta situación pone de manifiesto la desigualdad estructural que permea en el sistema judicial y refleja la urgente necesidad de reformas profundas para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, independientemente de su género o situación económica.

La Audiencia de Barcelona ha dictaminado que Dani Alves podrá eludir la prisión provisional siempre y cuando pague una fianza de 1.000.000 de euros. En caso de que se cumpla con este requisito, se le concederá la libertad provisional con la condición de entregar sus dos pasaportes --español y brasileño-- hasta que se emita la sentencia definitiva.

El auto emitido por la Audiencia también incluye medidas restrictivas como la prohibición de salir del territorio nacional, la obligación de comparecer semanalmente ante la Audiencia Provincial, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros de su residencia, lugar de trabajo u otros lugares que frecuente.

La condena de cuatro años y medio impuesta a Dani Alves por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022 ha generado un intenso debate sobre la efectividad del sistema judicial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación de la justicia de manera equitativa. La detención del futbolista el pasado enero y su reciente liberación bajo fianza han avivado las críticas sobre la presunta tolerancia hacia los abusadores sexuales que cuentan con recursos económicos para eludir la prisión preventiva.