En Madrid, el 29 de abril, un grupo de feministas organizado bajo la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado la recusación del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo en relación a su papel en la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la controvertida Ley Trans.

La organización de mujeres argumenta que Campo no es la figura idónea para liderar esta ponencia crucial, ya que su implicación en la creación de la ley durante su mandato como ministro podría comprometer la imparcialidad del procedimiento. Según sus declaraciones, “el ponente se ve inevitablemente influenciado al tener que emitir un juicio sobre una norma en la que tuvo un papel activo durante su gestación”.

El Tribunal Constitucional tiene previsto debatir esta semana el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la conocida como Ley Trans, que fue promovida por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Fuentes jurídicas han indicado que la ponencia revisará los aspectos fundamentales, aunque con algunas modificaciones propuestas.

Los magistrados examinarán los argumentos del PP, que cuestionan varios artículos de la legislación diseñada para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans y proteger los derechos de la comunidad LGTBI.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, se ha instado a los miembros del alto Tribunal a considerar durante el debate los elementos de la Ley Trans que podrían entrar en conflicto con las salvaguardias basadas en la categoría jurídica de "sexo", y que podrían debilitar las políticas antidiscriminatorias existentes en torno al género.

Las feministas han subrayado la reciente decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que sostiene que las protecciones legales para las mujeres tienen vigencia únicamente si la categoría de "sexo" se entiende desde un enfoque estrictamente biológico. Argumentan que cualquier interpretación alternativa podría socavar las garantías de protección para las víctimas de violencia machista, así como el derecho de las mujeres a contar con espacios seguros y categorías deportivas diferenciadas, además de comprometer la fiabilidad de los datos y el cumplimiento de la paridad en instituciones y listas electorales.

Por otro lado, la Alianza ha señalado que tanto la Ley de Igualdad como tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) hacen hincapié en la discriminación "por razón de sexo", un concepto que consideran central para todas las políticas diseñadas para proteger los derechos de las mujeres.

Asimismo, han expresado preocupaciones en torno a una ley que permite la modificación del sexo registral sin ningún requerimiento diagnóstico o evaluación previa, lo cual, argumentan, afecta la seguridad jurídica necesaria para cualquier norma que se promulgue.

Las feministas han señalado que la aplicación de la Ley Trans ha revelado que cualquier hombre puede autodefinirse como mujer sin más requisito que su deseo, lo que ha facilitado situaciones en las que maltratadores han eludido la legislación contra la violencia de género, poniendo en riesgo a las víctimas y exponiendo las fallas que emergen de la autodeterminación del sexo registral.

Finalmente, han hecho un llamado al Tribunal Constitucional para que priorice el principio médico de “primero, no hacer daño”, y actúe con cautela antes de permitir tratamientos médicos y quirúrgicos irreversibles en menores y jóvenes. Insisten en que sin un diagnóstico de disforia y sin un acompañamiento profesional adecuado, se deja a los jóvenes en una situación vulnerable, tomando decisiones con consecuencias que no pueden comprender plenamente. Apuntan que, según el informe Cass del Reino Unido, entre el 80 y el 85% de los menores superarán sus dificultades de género una vez que hayan pasado por la pubertad.