En un llamado urgente a la acción, Fundación Madrina ha instado a la restauración del Defensor del Menor y la formación de tribunales especializados en la protección de la infancia, tras el trágico asesinato de una niña en Murcia, presuntamente relacionado con la violencia vicaria.

La organización ha manifestado su profundo dolor por una muerte que, afirman, "podría haberse prevenido si se hubiesen implementado medidas cautelares adecuadas para salvaguardar a las menores víctimas de violencia, que representan una de las formas más atroces de abusar del otro progenitor".

Conrado Giménez, presidente y fundador de Fundación Madrina, ha declarado que "la violencia contra los menores es el último eslabón de la cadena de terror que muchos agresores utilizan para causar daño al otro progenitor, atacando donde más duele: a los hijos".

La organización enfatiza que este tipo de violencia, en la que los hijos son utilizados como armas contra el otro progenitor, debe ser enfrentada mediante protocolos de prevención integral y sanciones cautelares, para evitar las fallas sistemáticas que se han vuelto habituales en los procedimientos judiciales.

Conforme a lo expuesto por la entidad, se identifican "vacíos legales" que los agresores utilizan en su beneficio, como regímenes de visitas no supervisadas que permiten un entorno de desprotección institucional. Además, subrayan la falta de protocolos especializados que implementen sistemas de alerta temprana para detectar riesgos de violencia antes de que se materialicen en una tragedia.

Frente a estos alarmantes casos de violencia vicaria, la organización propone una revisión legislativa que reconozca la violencia hacia los menores como un delito autónomo y de alta gravedad, con medidas punitivas más severas para los culpables.

Por otro lado, han solicitado la suspensión inmediata de los derechos de visita para aquellos agresores que cuenten con antecedentes de violencia o amenazas, como medida de protección necesaria.

Además, se sugiere la creación de unidades especializadas dentro del sistema judicial y de cuerpos policiales, enfocadas en la atención de menores en situaciones de riesgo, así como la reintegración del Defensor del Menor, un rol "fundamental e independiente", que ha estado ausente durante más de diez años, dejando estas responsabilidades en manos de las comunidades autónomas.

Finalmente, Fundación Madrina aboga por el desarrollo de campañas educativas en escuelas que promuevan la protección de la infancia y aumenten la concienciación sobre esta forma de violencia que persiste en la sociedad.