En un reciente encuentro con la prensa en Madrid, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, abordó la delicada cuestión del respeto al poder judicial y el derecho a la crítica de las sentencias. Esto surge en el contexto de las controversiales declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien catalogó de "vergonzosa" la decisión del tribunal que absolvió al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, de un delito de agresión sexual que había sido confirmado en primera instancia.

Alegría defendió la posición del Gobierno al señalar que "el respeto hacia la justicia no entra en conflicto" con la posibilidad de expresar opiniones sobre las resoluciones judiciales. Reiteró la importancia de esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo en este caso, enfatizando que hay una continua evolución en el proceso judicial que aún debe resolverse.

Comentando sobre las polémicas declaraciones de Montero, que posteriormente ajustó su discurso, Alegría explicó que muchas personas en la sociedad compartieron el mismo desconcierto al enterarse de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que contrasta notablemente con la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona en un lapso de menos de un año.

Consciente de la gravedad de la situación, Alegría subrayó la urgencia de hacer un llamado a las mujeres y a las víctimas de violencia para que continúen denunciando estos ataques. "Las mujeres siguen siendo violentadas y asesinadas", advirtió con firmeza, subrayando la necesidad de mantener la lucha contra la violencia de género.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se sumó al debate enfatizando el “respeto absoluto” hacia todas las resoluciones judiciales, un principio que, según afirmó, es fundamental en un Estado de derecho. No obstante, urgió a que se explique adecuadamente las decisiones relacionadas con la violencia sexual, para que la sociedad comprenda plenamente los fundamentos detrás de ellas.

Marlaska destacó que, en cuestiones tan críticas como la violencia contra las mujeres, es responsabilidad de todas las instituciones —ejecutivo, legislativo y judicial— proporcionar explicaciones claras y comprensibles sobre las resoluciones y su justificación. El objetivo, enfatizó, es generar una mayor sensibilización en la sociedad y garantizar que las víctimas no se sientan desamparadas ni pierdan la confianza en las instituciones.

A pesar de la repercusión de las palabras de Montero, el ministro del Interior recordó que ella ha aclarado sus comentarios y opinó que no debería extenderse el debate sobre el asunto, sugiriendo que lo más importante es avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y mantener un enfoque constructivo en la materia.