El Gobierno español ha tomado una decisión trascendental al designar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la Via Laietana, como un Lugar de Memoria Democrática. Este espacio no solo ha sido un símbolo de represión durante la dictadura de Francisco Franco, sino que también se asocia con "crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos". Esta medida busca asegurar que la historia de la opresión en Cataluña no se olvide.

La iniciativa fue anunciada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes por la mañana, donde se especifica el acuerdo emitido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que inicia el procedimiento para la declaración del edificio ubicado en Via Laietana, 43, Barcelona.

Históricamente, esta comisaría comenzó a operar en 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, y en 1941 se convirtió en la sede de la Jefatura Superior de Policía, donde se instauró la Brigada Político-Social para reprimir a la disidencia. Desde su apertura, el lugar fue un centro de brutalidad contra los movimientos sindicales y obreros, llegando a ser apodado "El molino sangriento" entre los círculos activistas de la época republicana.

El documento subraya que las instalaciones de la comisaría acogieron "centenares de antifranquistas" que experimentaron torturas en los interrogatorios, así como miembros de la comunidad LGTBIQ+, prostitutas y gitanos que fueron encarcelados sin haber cometido delitos. A lo largo de la dictadura, se estima que al menos 4,143 personas fueron detenidas por motivos políticos solo en la ciudad de Barcelona.

La resolución destaca la necesidad imperiosa de que los crímenes perpetrados en esta Jefatura y la memoria de aquellos que sufrieron allí no caigan en el olvido. De acuerdo con los fundamentos legales, es imprescindible conservar y reconocer estos hechos para honrar la memoria de las víctimas y quienes se opusieron al régimen.

Como parte de esta declaración, se establecerán mecanismos para garantizar que se preserve la memoria, se identifique correctamente el sitio y se ofrezca la información adecuada sobre su historia. Cualquier intento de alterar o eliminar los testimonios de esta memoria democrática quedará prohibido.

Bajo la dirección del Ministerio de Memoria Democrática, a cargo del dirigente socialista Ángel Víctor Torres, se pondrán en marcha iniciativas para promover la divulgación y comprensión de lo ocurrido en este edificio. Esto incluirá la creación de rutas, tanto físicas como virtuales, enfocadas en la memoria histórica, para asegurar que el público pueda informarse y visitar el sitio.

Además, se prevé la producción de recursos audiovisuales y digitales, así como la instalación de placas y paneles interpretativos para reconocer a las víctimas, con un enfoque conmemorativo y educativo.

Para facilitar el acceso a información detallada, se desarrollará una plataforma en la web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, proporcionando geolocalización y materiales visuales, así como la inclusión en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y su promoción en redes internacionales que aborden situaciones similares en otros contextos.

Asimismo, se planea solicitar informes a diversas instituciones académicas y memoriales, incluyendo el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Memorial Democràtic de Catalunya, para enriquecer la comprensión de la historia de la comisaría. Tras esta fase, se abrirá un periodo de 20 días para que los ciudadanos puedan presentar observaciones, y en un plazo máximo de 12 meses se espera resolver el expediente de declaración.