En una medida sin precedentes, el Gobierno español ha dado un paso crucial en la lucha contra la violencia vicaria al aprobar un anteproyecto de Ley Orgánica en el Consejo de Ministros celebrado este martes. Este nuevo marco legal reconoce oficialmente la violencia vicaria como un delito autónomo con un agravante de género y establece penas de prisión que pueden alcanzar hasta tres años.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó en una posterior conferencia de prensa que esta ley representa un hito “pionero” que atenderá las necesidades de las víctimas y sus familias. "Con este anteproyecto, tipificamos la violencia vicaria de manera específica y reforzamos las medidas de protección", enfatizó Redondo.

Uno de los principales objetivos de esta legislación es visibilizar y combatir la violencia vicaria en todas sus formas. Para lograrlo, se introducen modificaciones en varias leyes clave, que incluyen la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como en el Código Penal, el Código Civil y otras normativas relevantes. Estas alteraciones buscan ofrecer una respuesta más efectiva y ágil ante este tipo de violencia.

El anteproyecto no solo define de manera explícita la violencia vicaria, sino que también establece un marco para su tipificación como delito, así como para la atención y reparación de las víctimas. Se busca avanzar en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mejorar la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que dependan de la víctima.

Redondo explicó que el nuevo artículo 1.4 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género detalla que la violencia vicaria incluye el sufrimiento infligido a mujeres a través de sus hijos o familiares, así como su pareja o exparejas, incluso sin convivencia. Este enfoque integral busca reconocer el amplio espectro de implicaciones que tiene la violencia vicaria.

Con la inclusión de un nuevo artículo 173 bis en el Código Penal, la violencia vicaria pasa a ser considerada un delito contra la integridad moral, con penas que abarcan desde seis meses a tres años de prisión. Esta enmienda no solo crea un delito independiente, sino que también introduce sanciones adicionales, como la prohibición de portar armas durante períodos que van de tres a cinco años.

Además, se establece una nueva pena que incluye la prohibición de difundir cualquier tipo de contenido relacionado con el delito, con el objetivo de proteger la intimidad y dignidad de las víctimas. Esto implicaría, por ejemplo, la prohibición de la publicación de obras que glorifiquen o se relacionen con casos de violencia extrema, como el de José Bretón.

Redondo comentó acerca de la importancia de que la ley se ajuste a las necesidades de la sociedad, subrayando que este cambio busca que las víctimas cuenten con un respaldo legal en sus momentos más críticos. “Démonos cuenta de que la sociedad ya había tomado una postura firme antes que la propia ley. Hoy, queremos que la legislación también sea un reflejo de ese apoyo”, expresó la ministra.

El anteproyecto también propone cambios en el Código Civil, específicamente en el artículo 92.6, obligando a escuchar a los menores y a las personas con discapacidad antes de establecer acuerdos sobre custodia y guardia. Igualmente, se modifica el artículo 94 para fortalecer la adjudicación de regímenes de visitas cuando un progenitor esté involucrado en procesos penales por violencia de género.

Asimismo, se prevén ajustes en la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se añadirá la exposición a la violencia vicaria como un criterio para identificar situaciones de riesgo para los menores. Esto marcará un avance significativo en la identificación y protección de los niños en contextos de violencia.

Para hacer más eficientes los procedimientos relacionados con la patria potestad, se busca acelerar su gestión, permitiendo que este aspecto se tramite por juicio verbal y que pueda ser combinado con procesos de divorcio. Este enfoque pretende facilitar una respuesta rápida en situaciones críticas.

Desde que se empezaron a recolectar datos en 2013, se han registrado 65 niños asesinados a causa de violencia vicaria, destacando la urgencia de este problema. En 2024, se reportaron nueve menores asesinados, y tres más en lo que va de 2025. La ministra Redondo insistió en la necesidad de adoptar una postura firme ante estas violencias, exhortando a la sociedad a mantener la conciencia activa respecto a la erradicación de estos actos atroces.