En un contexto de creciente preocupación por la situación de los migrantes, diversas organizaciones de la Iglesia en España han hecho un llamado urgente para la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes. Estas entidades han instado al Gobierno a tomar medidas decisivas, especialmente si no se logra un consenso mayoritario en el Parlamento.

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han enfatizado la necesidad de acelerar la tramitación de esta ILP, que actualmente se encuentra estancada en el Congreso. Han subrayado que el momento de actuar es ahora y han urgido a los legisladores a dejar de lado actitudes divisivas y discursos de odio que instrumentalizan a los más vulnerables.

En sus declaraciones, las organizaciones religiosas han apelado a un enfoque de consenso en las políticas migratorias, recordando que el pasado 9 de abril de 2024 se logró aprobar la tramitación de esta iniciativa con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria. “Este es un tema crucial para la convivencia y la dignidad humana que no debería ser objeto de negociaciones políticas. Es fundamental que se escuche la voz de la sociedad civil y de las personas migrantes que claman por justicia y reconocimiento”, señalaron.

Además, dirigieron un mensaje claro al Gobierno, solicitando que, en ejercicio de sus competencias, avance en la regularización extraordinaria si no se logra el apoyo necesario en el Parlamento. “Regularizar a estas personas es una cuestión de responsabilidad política y moral. Es hora de construir juntos una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie sea invisible ni quede relegado a la exclusión”, recalcaron las organizaciones.

Es importante recordar que esta ILP recibió el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas y cuenta con el apoyo de un amplio arco de movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Sin embargo, las entidades han señalado la necesidad de que la ILP y el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado en noviembre del año pasado, sean complementarios, ya que este último deja fuera a muchos grupos vulnerables, incluyendo a quienes han solicitado protección internacional y cuya situación de irregularidad se prolonga indefinidamente.