El Ministerio del Interior ha respondido a las inquietudes planteadas por el Partido Popular (PP) en relación al posible cambio en la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enfatizando que los mandos tienen el derecho de aspirar a promociones sin ninguna imposición gubernamental.

En un comunicado reciente, el gobierno español subrayó que no hay interferencias en los procesos de investigación llevados a cabo por la UCO, que ha visto un notable crecimiento del 61,6% en el número de efectivos desde 2018. Este incremento se interpreta como una clara señal de la voluntad del gobierno de fortalecer esta unidad clave, encargada de indagar en temas de corrupción como el 'caso Koldo' y las conexiones familiares del presidente Pedro Sánchez.

Desde junio de 2018, la UCO ha mostrado avances significativos en su estructura organizacional y en su plantilla, apuntó el Ejecutivo, en respuesta a cuestionamientos del PP sobre la negativa a reforzar el personal de la unidad. Según los datos oficiales, el incremento en los puestos de trabajo asciende a un 35,7%, mientras que la dotación de efectivos ha crecido a más del 60% durante el mismo periodo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió en el Congreso que, bajo su gestión, la UCO ha casi duplicado su número de agentes, pasando de cerca de 300 a más de 550. Esto, según él, ha llevado a un entorno laboral más estable, independiente y atractivo para el personal de la Guardia Civil.

Por otro lado, el PP ha expresado su preocupación por lo que considera un intento del gobierno de "silenciar" a la UCO mediante cambios en su dirección, específicamente sobre el posible ascenso del coronel Rafael Yuste a general, después de completar los cursos necesarios para ello. Además, el partido ha cuestionado la política del gobierno respecto a la antigüedad en la ascensión de oficiales, haciendo alusión al caso del general Alfonso López Malo, antiguo responsable de la UCO.

El Gobierno, en su respuesta, reafirmó que la promoción de los mandos de la Guardia Civil es un derecho que les asiste, y que no están sujetos a ninguna presión por parte del Ejecutivo. Desde el Interior se criticó la postura del PP, indicando que sus afirmaciones se basan en "premisas erróneas" respecto a la posible injerencia en la carrera policial.

En su defensa, el gobierno recordó que la UCO opera bajo la dirección de jueces y fiscales, y su funcionamiento no es influenciado por el gobierno. La UCO, se sostiene, sigue un rígido sistema de selecciones para los nuevos efectivos, buscando siempre a los candidatos más capacitados a través de un proceso rigurosamente establecido.

Las pruebas de selección convocadas para acceder a la UCO están diseñadas para identificar a los guardias civiles más competentes, exigiendo que superen diversas evaluaciones, reflejando así el compromiso y el nivel de preparación que requiere la unidad.

El Ejecutivo concluyó señalando que la UCO es esencialmente un cuerpo de policía judicial, cuyas investigaciones son dirigidas por las autoridades judiciales correspondientes, quienes entonces solicitan los recursos necesarios, haciendo hincapié en que el gobierno no decide qué unidad lleva a cabo investigaciones judiciales específicas.