En el contexto de la próxima presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha lanzado un fuerte cuestionamiento al Gobierno central. Durante una rueda de prensa en la Feria de Málaga, España reclamó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclare el costo que supondrá para Andalucía la posible implementación de una "financiación singular" para Cataluña. La consejera argumentó que esto podría traducirse en "privilegios al independentismo", perjudicando así a su comunidad.

Carolina España hizo hincapié en la importancia de los Presupuestos para marcar la dirección de cada administración pública, asegurando que Andalucía, bajo el gobierno de Juanma Moreno, contará con unos presupuestos "en tiempo y forma" para 2026. Esta afirmación llegó como respuesta al anuncio de la ministra Montero, quien prometió que el Gobierno va a presentar el proyecto de los nuevos PGE, tras haber prorrogado las cuentas de 2023 durante dos años consecutivos.

La consejera celebró la intención del Ministerio de Hacienda de llevar el nuevo presupuesto al Congreso, considerando que ello es un paso hacia el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, Carolina España expresó su deseo de que esta iniciativa no se quede sólo en palabras, demandando a Montero que no olvide las necesidades de los andaluces en el proceso de elaboración de los nuevos presupuestos.

España también subrayó que su petición no es exigir un trato preferente para Andalucía en comparación con otras regiones, sino que busca que el Gobierno no continúe con lo que considera un "maltrato" a su comunidad. En este sentido, la consejera subrayó que Andalucía recibe 248 euros menos por habitante que Cataluña y 869 euros menos que Cantabria, por lo que instó a la ministra a tener en cuenta la "infrafinanciación" que sufre la comunidad y a considerar la creación de un fondo de nivelación.

La consejera apuntó que desde el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han insinuado que la aprobación de los PGE debería estar vinculada a la concesión de ciertas ventajas financieras para Cataluña. Esto llevó a España a cuestionar nuevamente al Gobierno sobre el precio que pagará Andalucía por estos "privilegios", advirtiendo que cada concesión al independentismo implica recortes para su comunidad.

Finalmente, la consejera de Hacienda expresó su esperanza de que el Gobierno central tenga en cuenta las demandas de Andalucía, solicitando un "fondo transitorio" que no suponga un costo adicional para los andaluces, en relación con los supuestos privilegios del independentismo que se están exigiendo a cambio de la aprobación de los nuevos Presupuestos.